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Categoría: Investigación

Empieza el juicio a Ana Julia: ¿cómo funciona el tribunal del jurado?

J. M. Barjola. – Este lunes ha comenzado el juicio a Ana Julia Quezada por un tribunal de ciudadanos legos (no expertos en derecho) en la Audiencia Provincial de Almería. Según se establece en los autos, se enfrenta a una posible pena de prisión permanente revisable por matar al hijo del que por entonces era su pareja, a quien “golpeó reiteradamente con violencia” y luego estranguló hasta causarle la muerte. El jurado tendrá que decidir si, como asegura la encausada, fue un accidente, o si, por el contrario, le causó la muerte de manea voluntaria. 

El juicio de Ana Julia pone en el foco mediático de nuevo la figura de los jurados populares, tan conocidos como en ocasiones polémicos. En los últimos años otros conocidos asuntos han acabado en manos de este tipo de tribunal, como el de Diana Quer y e’ El Chicle’, Marta del Castillo o el de Isabel Carrasco, este último con polémica por la decisión del Magistrado-Presidente (el juez que dirige el jurado) de emitir una sentencia contraria a la opinión del tribunal, algo que el TSJ corrigió y que luego confirmó el Supremo. 

Esta forma de enjuiciar supone un derecho y un deber de los ciudadanos a participar en el poder judicial de forma directa, reconocido constitucionalmente en el artículo 125 del texto constitucional y regulado por la Ley orgánica 5/1995 (Ley del Jurado). Estos son algunos de los puntos más importantes a tener claros sobre su funcionamiento. 

¿En qué casos se acude a un tribunal del jurado?

El artículo 1.2 de la Ley del Jurado establece que el tribunal popular tendrá competencia para fallar sobre los siguientes delitos:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).

b) De las amenazas (artículo 169.1.º).

c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).

d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).

f) Del cohecho (artículos 419 a 426).

g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

Quedan excluidos del ámbito del jurado los delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional, como terrorismo o tráfico de drogas a nivel nacional, entre otros. 

¿Quién compone el tribunal?

El tribunal se compone de nueve jurados presididos por un magistrado. Los jurados son ciudadanos legos elegidos al azar. Deben ser españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir y residir en la provincia donde el delito se hubiere cometido (artículo 8 de la Ley del Jurado). 

¿Cómo son elegidos los miembros del jurado?

Los jurados son elegidos de una lista de candidatos elaborada por la Delegación Provincial del Censo electoral cada año. Esta lista general se realiza por sorteo. 

De esta lista de jurados posibles, el Magistrado-Presidente elige al azar y en audiencia pública a 36 candidatos para un caso en concreto, que deben ser llamados con 30 días de antelación al juicio oral. 

De la lista de elegibles son seleccionados finalmente nueve y dos suplentes el día de la vista oral. Todos los elegibles deben acudir a la audiencia, so pena de 150 euros de multa, de 600 euros si es la segunda citación o de incluso 1.500 euros si es la tercera

Una vez seleccionados, las partes pueden interrogar a los jurados. Si lo consideran necesario luego pueden recusarlos. La decisión la tomará el Magistrado-Presidente en la propia vista y no cabrá recurso contra ella.  Así, por ejemplo, en el juicio a Quezada han sido elegidos siete mujeres y dos hombres.

¿Cómo delibera el jurado?

El jurado debe prestar atención en el juicio a las pruebas practicadas y a las declaraciones de las partes, sobre el cual deben formar su veredicto cuando se den por terminadas las vistas. 

Una vez practicadas las pruebas, el Magistrado-Presidente lee, de forma separada y numerados los hechos alegados, cada uno de los elementos fácticos sobre los que el jurado debe decidir. Esta exposición debe ser extremadamente clara y concisa: se debe diferenciar entre los hechos que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables de forma clara (artículo 52 de la Ley del Jurado). Seguidamente, se enumeran los delitos y el jurado decide sobre la culpabilidad de los acusados con respecto a cada uno de los delitos. El Magistrado-Presidente puede en este punto apuntar al jurado circunstancias que beneficien al acusado si considera, así como recordarles de que no se atiendan a medios probatorios ilícitos o declarados nulos. No podrá, sin embargo, hacer alusión opinativa alguna sobre las pruebas que se han practicado. 

Tras ello, el jurado toma su decisión a puerta cerrada, en régimen de incomunicación. Cualquier contacto con el Magistrado-Presidente para resolver dudas sobre el procedimiento será por escrito por vía del Letrado de la Administración de Justicia. 

¿Cuánto tiempo puede tomar?

Nada especifica la Ley del Jurado sobre el tiempo que se pueden tomar los jurados para formar su opinión. No obstante, se precisa que a los dos días se requerirá al portavoz a una comparecencia sobre el asunto.

Una vez tomada la decisión, deberán uno por uno expresar el sentido del fallo en voz alta en la vista. No pueden abstenerse; de hacerlo y continuar en negativa se puede incurrir en un delito de desobediencia, con las correspondientes consecuencias penales. 

¿Es vinculante la decisión?

Se requieren siete votos para declarar culpable al acusado y cinco para su absolución. También se requerirán cinco votos para la aplicación al declarado culpable, de los beneficios de remisión condicional de la pena, así como sobre la petición de indulto en la sentencia. 

Una vez tomada la decisión, ésta es plasmada en un acta que se lee en audiencia pública. El acta puede ser devuelta del Magistrado-Presidente al jurado si considera que existen cuestiones que no han quedado bien resueltas, como defectos en forma, pronunciamientos ultra petitum o defectos subsanables como ausencia de mayorías necesarias. Si el acta es devuelta por tres veces al jurado, éste debe ser resuelto y volverse a celebrar la vista con un nuevo tribunal. 

Una vez decidido qué hechos son probados, el jurado decide si el acusado debe ser absuelto o si es culpable. El Magistrado-Presidente deberá emitir sentencia de absolución si el jurado determina la no culpabilidad. 

Por el contrario, si el jurado dice que el acusado es culpable, el magistrado es el encargado de determinar la calificación jurídica del delito cometido, el grado de participación y los agravantes y atenuantes para, por fin, determinar la pena. 

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14364-empieza-el-juicio-a-ana-julia:-iquest;como-funciona-el-tribunal-del-jurado/

Novatadas universitarias, ¿pueden ser delito?

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14353-novatadas-universitarias-iquest;pueden-ser-delito-/

J. M. Barjola. – Van en grupos, se hacen llamar ‘veteranos’ y ‘novatos’ y practican todo tipo retos de iniciación en parques y plazas de ciudades universitarias. Son las archiconocidas ‘novatadas’. Esta tradición, tan arraigada como peligrosa, es sin embargo una situación desregulada. La normativa española no cuenta con ninguna ley a nivel estatal o autonómico que regule este tipo de prácticas. No obstante, instituciones educativas y universidades llevan años prohibiéndolas en sus normativas internas y luchando para concienciar a la comunidad educativa de la gravedad del problema.  

Sin embargo, que no exista una regulación penal específica no significa que las novatadas no puedan acarrear delitos. La Policía Nacional lanzó en 2015 una campaña advirtiendo de los peligros y las posibles consecuencias penales que pueden conllevar las novatadas llevadas al extremo. Y es que en algunos casos estas actividades pueden llevar a relaciones de sumisión en círculos cerrados muy difíciles de controlar. Una relación de acoso entre el veterano y el novato, caldo de cultivo para una gran lista de delitos: lesiones (art. 147 y ss. del CP), amenazas (artículo 169 y ss.), delitos contra la libertad sexual (art. 181 y ss.), contra la integridad moral (art. 173 y ss), contra la intimidad (art. 197 y ss.), el honor, (art. 211), de inducción al suicidio (art. 143) o incluso de homicidio imprudente (art. 138 y ss.) en los casos más extremos, a la que se le añaden las correspondientes sanciones administrativas e indemnizaciones por los daños causados. 

¿Cuál es la regulación actual de las novatadas? ¿Se han pronunciado los tribunales sobre este fenómeno, tan conocido como poco regulado? ¿Qué dice la normativa de las universidades sobre esta tradición?

«Una auténtica situación de hostigamiento»

España, a diferencia de otros países, no cuenta con un tipo penal específico para las novatadas en el Código Penal. Se debe acudir por tanto a la normativa administrativa, en concreto a los reglamentos de los colegios mayores y las universidades, que prohíben de forma tajante las novatadas o cualquier otra relación de sumisión continuada en el tiempo que pueda dañar a alumnos de nuevo ingreso en cualquier ambiente cerrado académico. 

En cuanto a la vía penal, hasta la fecha existen escasas sentencias que enjuicien comportamientos de novatadas en el ámbito universitario. Un dato que hace sospechar sobre escasez o efectividad de los medios de denuncia, o a la fuerte presión de grupo que se ejerce en estos colectivos, donde muchos prefieren no denunciar o conformarse con las medidas tomadas a nivel interno por las direcciones de los centros. 

La cuestión cambia en el ámbito de la jurisdicción militar. Sí que se han emitido un considerable número de sentencias condenatorias que detallan duros y extremos rituales de iniciación y situaciones de dominancia en academias militares, donde se dominaba y sometía a los reclutas de primer año. 

Recientemente el Tribunal Militar Central se pronunció sobre el asunto en un caso de novatadas en la Academia General Militar, en sentencia de 17 de abril de 2017. La resolución, quizás una de las que desarrolla el tema de forma más detallada, explica que lo que inicialmente pueden ser consideradas meras “novatadas” pueden en realidad conformar “una auténtica situación de hostigamiento o acoso (…) al dirigirse hacia un mismo compañero de estudios, a quien claramente se percibe como más débil o vulnerable y por este mismo motivo”, situación que puede alargarse durante meses, “de forma coordinada, implacable e inmisericorde” y con “la inhibición o pasividad de todos los demás”.  

¿Cómo se regula en otros países? 

También en otros países la cuestión es tratada de forma mucho más controlada. Sin ir más lejos, el Code pénal francés vigente cuenta con una sección en exclusiva para las conocidas como bizutages – novatadas en el idioma galo -, que el fallo define como los actos “que haga a otra persona, contra su voluntad o no, sufrir situaciones humillantes o degradantes o le haga consumir alcohol en exceso en reuniones o eventos relacionadas con el ambiente escolar o socioeducativo”. Las penas previstas por la ley penal francesa pueden variar de entre seis meses de prisión y 7.500 euros de multa hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa en caso de que el delito se cometa sobre personas especialmente vulnerable. Todo ello, establece el código, sin perjuicio de los delitos en concurso de violencia, amenazas o contra la libertad sexual que se pudieran cometer. 

En Estados Unidos el asunto cuenta con una regulación férrea, aunque no homogénea. Según los datos del portal del experto en el tema Hank Nuwer, desde 1959 en EEUU se han registrado al menos una muerte al año por novatadas en ámbitos académicos. Muchas de estas muertes están relacionadas con duros rituales de acceso a hermandades o equipos deportivos, colectivos exclusivos con tradiciones de ingreso casi sagradas. Es por ello que, con el auge de estos estos grupos, 44 de los 50 estados del país cuentan con su legislación específica para delitos de hazing, el término utilizado en inglés. Estas leyes también recogen cuantiosas multas y penas de prisión para los casos extremos. 

¿Cómo puedo denunciar?

Las novatadas pueden ser denunciadas tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.

En caso de acudir a la vía administrativa, se puede depositar la denuncia en el Vicerrectorado de Estudiantes o el equivalente de la Universidad. Puede venir acompañada con la intervención del Defensor del Universitario, cuya misión es ayudar al alumno y orientarle en situaciones de problemas como esta. Una vez puesta en conocimiento la situación de la Administración, ésta debe tomar cartas en el asunto para que la situación pare de inmediato. Entre las medidas para conseguirlo se encuentran expulsar a los denunciados de la residencia en cuestión, anular su matrícula en la Universidad o retirar la beca de las que se estén beneficiando. 

En cuanto a la vía judicial, en aconsejable acompañar la denuncia con la presencia de testigos, además de otro tipo de pruebas, como certificados médicos de lesiones. Para abrir el caso en vía judicial es aconsejable la presencia de un abogado, aunque para presentar denuncia – que puede realizarse en cualquier dependencia de la policía – la presencia de letrado no es obligatoria. 

Los pasos que se deben seguir para denunciar una desaparición

Un total de 12.630 denuncias por desaparición permanecen activas en España con fecha a 31 de diciembre de 2018. Son datos que ha ofrecido la Asociación SOS Desaparecidos, y cuyo presidente Joaquín Amills, ha remarcado que se trata de una cifra elevada, pese a que los avances tecnológicos ha permitido reducir esa lista: “Al año recibimos unas 30.000 denuncias, de las cuales quedan sin resolver unas 600 o 700, en torno al 4%. Hace unos años era del 10%. Pese a la mejora, las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan más medios”, subraya Amills.

Las primeras 72 horas de la desaparición son importantes, ya que permiten extremar las medidas para encontrar a la persona desaparecida. Entre otras cosas, porque es posible que aún este cerca del hogar o lugar de la desaparición. Una vez se tenga la certeza de que un familiar ha desaparecido, Amills asegura que el siguiente paso es acudir de manera inmediata a los Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciarlo. No es necesario esperar ni 24 ni 48 horas y si los Cuerpos de Seguridad insisten en la necesidad de esperar ese tiempo para poner la correspondiente denuncia, hay que indicarles que existe la INSTRUCCIÓN 1/2009, que establece la obligación de recoger la denuncia de inmediato.

La denuncia debe estar acompañada de datos que faciliten su identificación. Entre ellas está una fotografía reciente con la descripción de todas las características físicas y rasgos diferenciales; ropa que llevaba en el momento de desaparecer; datos identificativos (DNI, libro de familia, carnets…); información relevante tanto de la desaparición como sobre la persona desaparecida…

La Asociación SOS Desaparecidos se encarga de acompañar a las familias desde el primer momento. Primero, difunden la alerta para obtener cuanto antes pistas que puedan ofrecer a las fuerzas de seguridad: “A medida que la investigación avanza, nuestro objetivo es que los medios de comunicación se hagan eco, y ofrecemos ayuda psicológica, jurídica e incluso social. Gracias a los convenios que mantenemos con las unidades caninas, que se unen a las búsquedas. También es importante el acuerdo con la Asociación Profesional de Detectives, que sirve como herramienta de colaboración.”

Las familias, una vez conocen que algunos de sus miembros no está localizado, debe mandar lo antes posible una copia de la denuncia a SOS Desaparecidos: “Una fotografía desde el móvil para enviarla por Whassap ya sirve”, comenta el presidente. Luego, al cabo de la media hora aproximadamente, la alerta se extiende a las redes sociales, una vez que se han ejecutado los filtros para comprobar que no se trate de una denuncia falsa.

El protocolo del Ministerio de Interior, apunta Joaquín Amills, establece que las desapariciones pueden ser de tres tipos:

  • Voluntarias: se puede producir como consecuencia de una pelea o una circunstancia personal que lleve al individuo a desaparecer. En cualquier caso, la utilización de cualquier documento identificativo como el DNI, la tarjeta sanitaria o el carnet de conducir, hacen que resulte casi imposible que estas personas estén desaparecidas durante un largo periodo.
  • Involuntarias: Suelen ser personas con problemas mentales, depresivas o con Alzheimer. En muchos casos, las víctimas han fallecido cuando son localizadas.
  • Forzosas: tienen un componente criminal (asesinatos, secuestros…)

El presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, ha indicado que el papel de los ciudadanos es esencial en estos casos: “Si alguien asegura haber visto a una persona que se le está buscando, nuestro consejo es que cuanto antes nos mande una fotografía con el móvil. Si no es posible una foto, se deben poner igualmente en contacto con la asociación y proporcionarnos la información más detallada posible. En caso de que tengamos conocimiento de una desaparición a través de las redes sociales, es conveniente difundirlo lo máximo posible por la red.”

FUENTE: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-pasos-que-deben-seguir-para-denunciar-una-desaparicion-20190902_396671

Detectives: su vida real bajo la gabardina

No son espías ni ‘hackers’ ni se parecen a James Bond. Los investigadores privados más preparados de toda Europa se reivindican: «Nuestro trabajo es crucial»

La calle paralela a la calle Ponferrada de Madrid se llama también Ponferrada y la siguiente, también. Y la de antes. Y la calle que cruza, la más grande, donde está El Palacio del Churro, también es la calle Ponferrada. A un lado están los número pares y en la acera de enfrente, los portales son pares también. Y aquí, oculto en este laberinto de espejos en el que es imposible orientarse sin un radar, en un bajo que parece el taller de un electricista, hemos quedado con Alberto Téllez, técnico especialista en electrónica de comunicaciones y detective privado.

Su despacho es una versión castiza del sótano de Q, el técnico que suministra gadgets a James Bond. Alberto tiene trastos viejos, como un magnetófono de bobina abierta que parece de la Stasi, y una maleta llena de cachivaches de última generación, un escáner de radiofrecuencia, una cámara termográfica, otra endoscópica o un aparato que técnicamente se llama detector de uniones no lineales, pero ellos, los detectives, lo llaman «escoba» porque barre cualquier dispositivo electrónico. Si tienes un micro tras el pladur, cámaras ocultas en la rejilla del aire acondicionado o cables bajo la moqueta, él los encuentra. «La mayor parte de la gente que nos llama nunca tiene nada», reconoce. Tiene también Alberto unos guantes naranjas fluorescentes para no dejar huellas en sus investigaciones. Se los pone y aquello parece de repente CSI, calle Ponferrada.

«Olvídate de esa imagen literaria y cinematográfica porque nuestra profesión no tiene nada que ver con eso», nos corrige Enrique Hormigos, abogado, detective y presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). Quedamos con él en la planta baja de su chalé, donde guarda su polígrafo. La máquina determina que Enrique dice la verdad: «Los detectives no llevamos gabardina, ni una lupa y un periódico con dos agujeros a la altura de los ojos. Esta no es una imagen seria y distorsiona nuestra profesión. No nos tiramos desde un avión, ni saltamos de trenes en marcha. Somos gente normal, preparada».

En España hay casi 4.500 detectives privados acreditados, aunque apenas la mitad ejerce. Un 30% aproximadamente son mujeres. Presumen de ser los más formados de Europa porque sólo en nuestro país hay que estudiar tres años de carrera para obtener la licencia. En las últimas dos semanas han celebrado dos congresos en Madrid para reivindicar su profesión. Llevan años exigiendo un estatuto jurídico propio o un reglamento dentro de una Ley de Seguridad Privada que ahora les mete en el mismo saco que vigilantes o guardapescas. Piden medidas contra el intrusismo y que se cree la figura del detective de asistencia gratuita. Ni son paparazzis, ni espías, ni hackers. «Internet ha cambiado nuestro trabajo, es verdad. Deja un rastro que no teníamos antes y nos ha hecho evolucionar, pero los malos también evolucionan y muchas veces van por delante», advierte Hormigos.

Sabemos ya que no llevan microchips en la patilla de las gafas, no se cuelgan de teleféricos ni beben martinis agitados. ¿A qué se dedican entonces los detectives? Hemos perseguido a cuatro de ellos, cada uno especializado en un tipo distinto de investigación, para conocer la verdad de los investigadores privados.

Son las 11 de la mañana. Quedamos en pleno centro de Madrid con Rafael Guerrero. Su tarjeta de visita dice que es detective privado y escritor. La web de su despacho, Agency World, dice que es «experto en investigaciones complejas a nivel mundial, localización de desaparecidos y seguridad privada». Quedan unos días para Navidad y hay millones de personas caminando en sentido único por la calle Preciados. Entre la marea humana hay un señor con gafas de sol que se enciende un pitillo a lo Philip Marlowe protegiendo el mechero entre las solapas de su gabardina (sí, su gabardina). Volvemos al tópico por un instante. ¿Rafael Guerrero? Elemental, querido lector.

Rafael salió de una de las primeras promociones de detectives de la Complutense en 1992. Su primer caso fue investigar una infidelidad en un hotel de la Castellana y aún recuerda el sonido de las cámaras de fotos cuando el adúltero asomó por la puerta. Ta-ta-ta-ta-tá. El último encargo, buscar a una señora de unos 74 años a la que sus hijas no ven desde 2000. Cuando acabe nuestro café, el detective se irá a una pensión en la calle Valverde, donde pudo alojarse la desaparecida hace años.

– ¿Por qué decidió ser detective?

– De joven veía las películas de James Bond. Leía a Ian Fleming. ¿Quién no quiere ser Roger Moore? Entonces no había mucha información sobre lo que era un servicio secreto. No es como ahora, que el CNI tiene hasta web. Lo más cercano que encontré al acabar la mili fue la carrera de Investigación Privada. En tres años era detective. Hice un año de Criminología y me lancé a la batalla. Como había sido mensajero, se me rifaban, era muy bueno en los seguimientos en moto.

– ¿Era la profesión como imaginó leyendo a Fleming?

– En realidad somos más Pepe Carvalho o Germán Areta que James Bond. Ser detective es un estilo de vida y lo aprendes en la calle. Lo duro que es, la cara B de las personas, cómo es la sociedad de verdad, lo que esconde. Te hace ver la vida desde un plano que la gente no ve en su zona de confort.

– ¿Mentimos mucho?

– Todo el mundo miente. Lo decía Nietzsche: la mentira es necesaria para la vida. Necesitamos mentir porque la verdad siempre es decepcionante.

¿Es decepcionante la realidad de los detectives españoles? Javier Regidor es uno de los veteranos. Ejerce también desde 1992 y es uno de los personajes más conocidos en el gremio. «Muy de calle», dicen. En su primer caso tenía que seguir a un médico. Salió de la clínica con un BMW y en la primera curva lo perdió de vista. Javier es un tipo grande, con melena y barba de una semana. En su avatar de Whatsapp tiene un dibujo del Señor Lobo de Pulp Fiction. Es el único que no se deja retratar por nuestro fotógrafo porque -avisa- «yo trabajo con mi anonimato». Vive en una casa en la sierra en la que tiene una caravana vieja y una habitación que parece un decorado de True Detective en la que cuelgan con pinzas, entre ramas secas de árbol, planos de Madrid, mapas y reportajes en blanco y negro de papel couché. Guarda decenas de revistas que ya amarillean y un ejemplar a mitad leer de Galveston, la novela que escribió Nic Pizzolatto, el creador de la serie de HBO. En su despacho hay también un banco de pesas con aire carcelario, un teclado y una cámara Super-8 antigua en la puerta de la cámara acorazada en la que custodia los informes de sus clientes. Dentro tampoco podemos fotografiar. Top secret.

«En realidad somos gestores de la información, pero nos llamamos detectives porque suena mejor», explica. «Yo me veo muy identificado con el Jack Nicholson de Chinatown. Casos industriales, fraudes, competencia desleal… A eso nos dedicamos sobre todo».

Durante nuestra entrevista le telefonea uno de sus colaboradores. Su Watson se llama Antonio. Sigue a una persona para destapar un posible caso de absentismo laboral. «¿Que ha entrado al médico? Ok. Córtalo, Antonio. Seguimos otro día». Y cuelga. Por la tarde gestionará un viaje a una subasta en Alemania para localizar unas piezas de arte de una herencia familiar.

– ¿Qué hay que tener para ser buen detective?

– Hay que ser todoterreno. Yo quiero a gente que le guste la caña, con iniciativa. Que sepa vigilar un portal, porque hay muchas maneras de hacerlo. Puedes estar leyendo el periódico o puedes estar pensando. Ha salido tal señor. Quizás sea él. ¿Tendrá barba? ¿Está de moda la barba? ¿Irá al cine? Mira, ahí se alquila un piso. ¿Y si llamo y pregunto por el vecino? Puedes ir hilvanando como Sherlock Holmes. Yo no pago a nadie para que me diga si el portal se abre o no, sino para que saque información de la nada.

En la puerta de su casa aparca un Porsche 911 Carrera negro. A diario usa un coche «más discreto». El Porsche lo conduce en las persecuciones. El otro día le cazaron a más de 200 detrás de un caso. Multazo. «Ojalá algún día dejemos de ser un bulto sospechoso y la gente valore nuestro trabajo como valora el de la Policía porque hacemos un servicio crucial».

¿Cuál es el principal problema de los detectives en España? «La desunión», sentencia Rafael Guerrero. «Si los periodistas sois el cuarto poder, nosotros somos el ciento y pico. No hemos sabido transmitir lo necesarios que somos, aunque todos los días se ratifican nuestros informes en los juzgados».

Los detectives no pueden perseguir delitos, no pueden invadir la intimidad de nadie, ni su imagen, ni sus comunicaciones. Investigan lo mismo que podría investigar usted pero con garantías legales. «Nuestro problema es el intrusismo», denuncia Enrique Hormigos. «Cualquiera va a la tienda del espía y se cree en condiciones de ser detective o de investigar al vecino».

Hormigos es uno de los mayores expertos de España en el uso de polígrafos. En el 75% de los casos la máquina de la verdad se utiliza para conflictos familiares, infidelidades o asuntos laborales. Su primer caso fue seguir a una chica porque su prometido sospechaba que ejercía la prostitución (no se equivocaba). Hoy Enrique se dedica, sobre todo, a fraudes de aseguradoras. Las compañías ahorran más de 400 millones al año gracias a los detectives. «Antes ganábamos dinero a espuertas. Ahora hay más fraudes pero han cerrado más empresas y las que hay se gastan menos», apunta.

Es la hora de comer y Rafael Guerrero tiene que buscar pistas en la pensión. Antes de que se acabe el café, se levanta dos mesas más allá un tipo en chándal con un casco de acero de soldado en la cabeza y un tebeo bajo el brazo. El detective le sigue con la vista.

– ¿Nunca desconecta?

– Nunca al cien por cien. Pero a ese le he visto yo y le has visto tú también.

– ¿Y alguna vez le han pillado?

– Si un detective te dice que no le han mordido nunca, o miente o es que jamás ha salido a la calle.

FUENTE: https://www.elmundo.es/papel/historias/2017/12/16/5a302d17e2704e65568b460f.html

¿Quién paga al detective? 

Los divorcios o pleitos entre ex cónyuges suelen ser casos en los que intervienen frecuentemente detectives privados. El trabajo de estos investigadores ayuda a sacar a la luz actividades o ingresos subterráneos que alguna de las partes implicadas preferiría que siguieran ocultos. Pero, hasta ahora, la minuta del detective casi siempre corría a cargo de la persona que lo contrataba. Un juzgado de Sevilla ha emitido ahora una sentencia en la que impone el pago de las costas, incluida la factura del detective, a un hombre que solicitó una rebaja en la pensión alimenticia que pasa a su hijo. Para ello ocultó datos económicos claves, que fueron sacados a la luz por un detective, cuyo trabajo tendrá que ser costeado por el demandante y no por su ex mujer, que fue la que contrató sus servicios. 

El caso es el de un ex piloto de Iberia que solicitó al juzgado rebajar de 1.100 a 500 euros la pensión alimenticia que pasa cada mes a su hijo, alegando que se había jubilado y que había sufrido una importante reducción de sus ingresos. Según la demanda del ex piloto, la pensión del menor suponía más de la mitad de sus ingresos actuales y apenas le quedarían 900 euros para su sustento al mes. 

La ex mujer del demandante contrató los servicios del detective Juan Carlos Arias, de la agencia Adas, para tratar de desmontar esta supuesta reducción de los ingresos. El investigador pudo probar que el ex piloto ocultaba una serie de datos económicos que resultaban claves y que la merma económica que padecía no era tal. Arias demostró que la renta mensual del ex piloto rondaba los 5.000 euros. Esta cantidad era aportada por un montepío de pilotos de Iberia, al que había aportado más de 600.000 euros durante sus más de cuatro décadas al servicio de la compañía. 

Durante sus años de trabajo, el aviador cobraba unos 200.000 euros al año y formaba parte de un grupo conocido entre los nuevos pilotos como los brahmanes, por sus condiciones laborales privilegiadas. Entre ellas están las estancias en hoteles de cinco estrellas, las jornadas inferiores a las de cualquier trabajador y más de dos meses al año de vacaciones pagadas. A ello se le añaden la posibilidad de volar hasta el fin de sus días en Iberia sin billete y con parking gratis, ventaja de la que también disfrutan sus hijos y parejas, así como la estancia gratis o a precios irrisorios en hoteles de lujo de todo el mundo. 

El demandante entró en Iberia procedente del Ejército del Aire, por lo que tampoco su formación supuso un coste para él. Por todo ello, el informe del detective concluye que el ex piloto ganó en su trayectoria laboral millones de euros y que amasó una fortuna, que luego multiplicó gracias a una serie de inversiones exitosas. Así, el investigador demostró que el comandante de Iberia es propietario de seis vehículos, cinco coches y una motocicleta. Algunos de ellos son coches antiguos de coleccionista. 

Además, posee varios inmuebles y participaciones en otras propiedades y solares. Percibe rentas por alquileres de dos apartamentos en Sevilla y uno en Madrid. Vive solo y tiene otros tres hijos mayores de edad, todos ellos ya emancipados e independientes. Reside en una vivienda de 330 metros cuadrados en una parcela de 3.700 metros cuadrados en una urbanización exclusiva del Aljarafe y tiene en casa una empleada y un jardinero. 

El informe del detective fue clave para desmontar la supuesta rebaja en los ingresos que sostenía el demandante. En su sentencia, la juez afirma que queda probado que el ex piloto percibía unos ingresos que casi triplicaban lo que aseguraba en su demanda. Recuerda también que la pensión se fijó en atención a la total capacidad económica del mismo, de la que «nada ha variado sutancialmente». Por una «patente» ocultación de datos económicos, la juez le impone el pago de las costas, que ha generado en su ex mujer «unos gastos procesales innecesarios»

FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html

Tutela del menor, un instrumento de protección

Fuente: https://www.guiadetectives.com/articulos/tutela-del-menor-un-instrumento-de-proteccion

¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor? Foto: Morguefile.com Constituye una de las figuras de derecho más recurridas para favorecer la protección de la infancia, utilizada en casos en los que el menor pierde cualquier tipo de representación familiar por causas tan variadas como la desatención o el fallecimiento de los progenitores.

Esta herramienta legal, que también puede ser demandada en los casos en los que está presente la incapacidad, funciona como medida de amparo del presente y del futuro del niño en cuestión. La tutela del menor tiene muy en cuenta tanto sus necesidades de escolarización y de aprendizaje como sus legitimidades económicas, que deben en cualquier caso quedar protegidas por este instrumento de custodia. ¿Qué función tiene este tipo de tutela?

Dictaminada en los casos en los que éstos no se encuentran bajo patria potestad, la persona que adquiere la tutela del menor tiene la obligación de instruirlo y de garantizarle una educación integral, además de conformar como representante legal en cualquier tipo de acto o en la propia administración de sus bienes. Sin embargo, para evitar que se produzcan nuevas situaciones de desatención o desamparo, el recién nombrado tutor no puede ejercer sin el consentimiento del juez acciones que atenten a sus legitimidades. Son claro ejemplo de éstas las maniobras relacionadas con la solicitud de un internamiento del menor, con el traspaso de sus bienes, valores o empresas, con la asunción de acuerdos que afecten gravemente a sus derechos o con la ejecución de gastos desmesurados a cuenta del capital del menor tutelado. ¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor?

El juez es el encargado de tomar dicha decisión, valorando previamente qué persona de su entorno es la más indicada o capaz para ocuparse del menor. Cónyuges, abuelos o incluso individuos que hayan sido designados en el testamento, en caso de fallecimiento de los progenitores, pueden convertirse en tutores legales. Sin embargo, para que este amparo se haga efectivo deben superarse una serie de condiciones. El representante seleccionado no puede haber sido privado o suspendido del ejercicio de la patria potestad, del mismo modo que no puede haber sido condenado por delitos que afecten al buen desempeño de la tutela ni debe haber manifestado posiciones contrarias, conflictos de intereses o enemistades con el menor. No obstante, también la persona seleccionada para ejercer las funciones de tutela puede decidir rechazar el cargo, principalmente si carece de medios económicos suficientes para atenderle. Esta petición debe ser realizada en un plazo de 15 días desde su nombramiento.

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