Mes: septiembre 2019

Empieza el juicio a Ana Julia: ¿cómo funciona el tribunal del jurado?

J. M. Barjola. – Este lunes ha comenzado el juicio a Ana Julia Quezada por un tribunal de ciudadanos legos (no expertos en derecho) en la Audiencia Provincial de Almería. Según se establece en los autos, se enfrenta a una posible pena de prisión permanente revisable por matar al hijo del que por entonces era su pareja, a quien “golpeó reiteradamente con violencia” y luego estranguló hasta causarle la muerte. El jurado tendrá que decidir si, como asegura la encausada, fue un accidente, o si, por el contrario, le causó la muerte de manea voluntaria. 

El juicio de Ana Julia pone en el foco mediático de nuevo la figura de los jurados populares, tan conocidos como en ocasiones polémicos. En los últimos años otros conocidos asuntos han acabado en manos de este tipo de tribunal, como el de Diana Quer y e’ El Chicle’, Marta del Castillo o el de Isabel Carrasco, este último con polémica por la decisión del Magistrado-Presidente (el juez que dirige el jurado) de emitir una sentencia contraria a la opinión del tribunal, algo que el TSJ corrigió y que luego confirmó el Supremo. 

Esta forma de enjuiciar supone un derecho y un deber de los ciudadanos a participar en el poder judicial de forma directa, reconocido constitucionalmente en el artículo 125 del texto constitucional y regulado por la Ley orgánica 5/1995 (Ley del Jurado). Estos son algunos de los puntos más importantes a tener claros sobre su funcionamiento. 

¿En qué casos se acude a un tribunal del jurado?

El artículo 1.2 de la Ley del Jurado establece que el tribunal popular tendrá competencia para fallar sobre los siguientes delitos:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).

b) De las amenazas (artículo 169.1.º).

c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).

d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).

f) Del cohecho (artículos 419 a 426).

g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

Quedan excluidos del ámbito del jurado los delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional, como terrorismo o tráfico de drogas a nivel nacional, entre otros. 

¿Quién compone el tribunal?

El tribunal se compone de nueve jurados presididos por un magistrado. Los jurados son ciudadanos legos elegidos al azar. Deben ser españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir y residir en la provincia donde el delito se hubiere cometido (artículo 8 de la Ley del Jurado). 

¿Cómo son elegidos los miembros del jurado?

Los jurados son elegidos de una lista de candidatos elaborada por la Delegación Provincial del Censo electoral cada año. Esta lista general se realiza por sorteo. 

De esta lista de jurados posibles, el Magistrado-Presidente elige al azar y en audiencia pública a 36 candidatos para un caso en concreto, que deben ser llamados con 30 días de antelación al juicio oral. 

De la lista de elegibles son seleccionados finalmente nueve y dos suplentes el día de la vista oral. Todos los elegibles deben acudir a la audiencia, so pena de 150 euros de multa, de 600 euros si es la segunda citación o de incluso 1.500 euros si es la tercera

Una vez seleccionados, las partes pueden interrogar a los jurados. Si lo consideran necesario luego pueden recusarlos. La decisión la tomará el Magistrado-Presidente en la propia vista y no cabrá recurso contra ella.  Así, por ejemplo, en el juicio a Quezada han sido elegidos siete mujeres y dos hombres.

¿Cómo delibera el jurado?

El jurado debe prestar atención en el juicio a las pruebas practicadas y a las declaraciones de las partes, sobre el cual deben formar su veredicto cuando se den por terminadas las vistas. 

Una vez practicadas las pruebas, el Magistrado-Presidente lee, de forma separada y numerados los hechos alegados, cada uno de los elementos fácticos sobre los que el jurado debe decidir. Esta exposición debe ser extremadamente clara y concisa: se debe diferenciar entre los hechos que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables de forma clara (artículo 52 de la Ley del Jurado). Seguidamente, se enumeran los delitos y el jurado decide sobre la culpabilidad de los acusados con respecto a cada uno de los delitos. El Magistrado-Presidente puede en este punto apuntar al jurado circunstancias que beneficien al acusado si considera, así como recordarles de que no se atiendan a medios probatorios ilícitos o declarados nulos. No podrá, sin embargo, hacer alusión opinativa alguna sobre las pruebas que se han practicado. 

Tras ello, el jurado toma su decisión a puerta cerrada, en régimen de incomunicación. Cualquier contacto con el Magistrado-Presidente para resolver dudas sobre el procedimiento será por escrito por vía del Letrado de la Administración de Justicia. 

¿Cuánto tiempo puede tomar?

Nada especifica la Ley del Jurado sobre el tiempo que se pueden tomar los jurados para formar su opinión. No obstante, se precisa que a los dos días se requerirá al portavoz a una comparecencia sobre el asunto.

Una vez tomada la decisión, deberán uno por uno expresar el sentido del fallo en voz alta en la vista. No pueden abstenerse; de hacerlo y continuar en negativa se puede incurrir en un delito de desobediencia, con las correspondientes consecuencias penales. 

¿Es vinculante la decisión?

Se requieren siete votos para declarar culpable al acusado y cinco para su absolución. También se requerirán cinco votos para la aplicación al declarado culpable, de los beneficios de remisión condicional de la pena, así como sobre la petición de indulto en la sentencia. 

Una vez tomada la decisión, ésta es plasmada en un acta que se lee en audiencia pública. El acta puede ser devuelta del Magistrado-Presidente al jurado si considera que existen cuestiones que no han quedado bien resueltas, como defectos en forma, pronunciamientos ultra petitum o defectos subsanables como ausencia de mayorías necesarias. Si el acta es devuelta por tres veces al jurado, éste debe ser resuelto y volverse a celebrar la vista con un nuevo tribunal. 

Una vez decidido qué hechos son probados, el jurado decide si el acusado debe ser absuelto o si es culpable. El Magistrado-Presidente deberá emitir sentencia de absolución si el jurado determina la no culpabilidad. 

Por el contrario, si el jurado dice que el acusado es culpable, el magistrado es el encargado de determinar la calificación jurídica del delito cometido, el grado de participación y los agravantes y atenuantes para, por fin, determinar la pena. 

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14364-empieza-el-juicio-a-ana-julia:-iquest;como-funciona-el-tribunal-del-jurado/

Novatadas universitarias, ¿pueden ser delito?

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14353-novatadas-universitarias-iquest;pueden-ser-delito-/

J. M. Barjola. – Van en grupos, se hacen llamar ‘veteranos’ y ‘novatos’ y practican todo tipo retos de iniciación en parques y plazas de ciudades universitarias. Son las archiconocidas ‘novatadas’. Esta tradición, tan arraigada como peligrosa, es sin embargo una situación desregulada. La normativa española no cuenta con ninguna ley a nivel estatal o autonómico que regule este tipo de prácticas. No obstante, instituciones educativas y universidades llevan años prohibiéndolas en sus normativas internas y luchando para concienciar a la comunidad educativa de la gravedad del problema.  

Sin embargo, que no exista una regulación penal específica no significa que las novatadas no puedan acarrear delitos. La Policía Nacional lanzó en 2015 una campaña advirtiendo de los peligros y las posibles consecuencias penales que pueden conllevar las novatadas llevadas al extremo. Y es que en algunos casos estas actividades pueden llevar a relaciones de sumisión en círculos cerrados muy difíciles de controlar. Una relación de acoso entre el veterano y el novato, caldo de cultivo para una gran lista de delitos: lesiones (art. 147 y ss. del CP), amenazas (artículo 169 y ss.), delitos contra la libertad sexual (art. 181 y ss.), contra la integridad moral (art. 173 y ss), contra la intimidad (art. 197 y ss.), el honor, (art. 211), de inducción al suicidio (art. 143) o incluso de homicidio imprudente (art. 138 y ss.) en los casos más extremos, a la que se le añaden las correspondientes sanciones administrativas e indemnizaciones por los daños causados. 

¿Cuál es la regulación actual de las novatadas? ¿Se han pronunciado los tribunales sobre este fenómeno, tan conocido como poco regulado? ¿Qué dice la normativa de las universidades sobre esta tradición?

«Una auténtica situación de hostigamiento»

España, a diferencia de otros países, no cuenta con un tipo penal específico para las novatadas en el Código Penal. Se debe acudir por tanto a la normativa administrativa, en concreto a los reglamentos de los colegios mayores y las universidades, que prohíben de forma tajante las novatadas o cualquier otra relación de sumisión continuada en el tiempo que pueda dañar a alumnos de nuevo ingreso en cualquier ambiente cerrado académico. 

En cuanto a la vía penal, hasta la fecha existen escasas sentencias que enjuicien comportamientos de novatadas en el ámbito universitario. Un dato que hace sospechar sobre escasez o efectividad de los medios de denuncia, o a la fuerte presión de grupo que se ejerce en estos colectivos, donde muchos prefieren no denunciar o conformarse con las medidas tomadas a nivel interno por las direcciones de los centros. 

La cuestión cambia en el ámbito de la jurisdicción militar. Sí que se han emitido un considerable número de sentencias condenatorias que detallan duros y extremos rituales de iniciación y situaciones de dominancia en academias militares, donde se dominaba y sometía a los reclutas de primer año. 

Recientemente el Tribunal Militar Central se pronunció sobre el asunto en un caso de novatadas en la Academia General Militar, en sentencia de 17 de abril de 2017. La resolución, quizás una de las que desarrolla el tema de forma más detallada, explica que lo que inicialmente pueden ser consideradas meras “novatadas” pueden en realidad conformar “una auténtica situación de hostigamiento o acoso (…) al dirigirse hacia un mismo compañero de estudios, a quien claramente se percibe como más débil o vulnerable y por este mismo motivo”, situación que puede alargarse durante meses, “de forma coordinada, implacable e inmisericorde” y con “la inhibición o pasividad de todos los demás”.  

¿Cómo se regula en otros países? 

También en otros países la cuestión es tratada de forma mucho más controlada. Sin ir más lejos, el Code pénal francés vigente cuenta con una sección en exclusiva para las conocidas como bizutages – novatadas en el idioma galo -, que el fallo define como los actos “que haga a otra persona, contra su voluntad o no, sufrir situaciones humillantes o degradantes o le haga consumir alcohol en exceso en reuniones o eventos relacionadas con el ambiente escolar o socioeducativo”. Las penas previstas por la ley penal francesa pueden variar de entre seis meses de prisión y 7.500 euros de multa hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa en caso de que el delito se cometa sobre personas especialmente vulnerable. Todo ello, establece el código, sin perjuicio de los delitos en concurso de violencia, amenazas o contra la libertad sexual que se pudieran cometer. 

En Estados Unidos el asunto cuenta con una regulación férrea, aunque no homogénea. Según los datos del portal del experto en el tema Hank Nuwer, desde 1959 en EEUU se han registrado al menos una muerte al año por novatadas en ámbitos académicos. Muchas de estas muertes están relacionadas con duros rituales de acceso a hermandades o equipos deportivos, colectivos exclusivos con tradiciones de ingreso casi sagradas. Es por ello que, con el auge de estos estos grupos, 44 de los 50 estados del país cuentan con su legislación específica para delitos de hazing, el término utilizado en inglés. Estas leyes también recogen cuantiosas multas y penas de prisión para los casos extremos. 

¿Cómo puedo denunciar?

Las novatadas pueden ser denunciadas tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.

En caso de acudir a la vía administrativa, se puede depositar la denuncia en el Vicerrectorado de Estudiantes o el equivalente de la Universidad. Puede venir acompañada con la intervención del Defensor del Universitario, cuya misión es ayudar al alumno y orientarle en situaciones de problemas como esta. Una vez puesta en conocimiento la situación de la Administración, ésta debe tomar cartas en el asunto para que la situación pare de inmediato. Entre las medidas para conseguirlo se encuentran expulsar a los denunciados de la residencia en cuestión, anular su matrícula en la Universidad o retirar la beca de las que se estén beneficiando. 

En cuanto a la vía judicial, en aconsejable acompañar la denuncia con la presencia de testigos, además de otro tipo de pruebas, como certificados médicos de lesiones. Para abrir el caso en vía judicial es aconsejable la presencia de un abogado, aunque para presentar denuncia – que puede realizarse en cualquier dependencia de la policía – la presencia de letrado no es obligatoria. 

Las operadoras deben transmitir gratuitamente a la autoridad la información que permita localizar a quien llama de emergencia al 112

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14355-las-operadoras-deben-transmitir-gratuitamente-a-la-autoridad-la-informacion-que-permita-localizar-a-quien-llama-de-emergencia-al-112/

AW y otros son allegados de ES, una joven de 17 años, víctima de un acto delictivo. El 21 de septiembre de 2013, hacia las 6 de la mañana, a las afueras de Panev?žys (Lituania), ES fue secuestrada, violada y quemada viva en el maletero de un automóvil. Cuando se encontraba encerrada en dicho maletero, llamó por teléfono móvil al número único europeo de llamada de emergencia «112» en unas diez ocasiones para pedir socorro. Sin embargo, los sistemas del centro de atención de llamadas de emergencia no mostraban el número del teléfono móvil utilizado, lo que impidió localizar a la joven. No fue posible determinar si el teléfono móvil utilizado por ES tenía tarjeta SIM ni por qué su número no era visible en el centro de atención de llamadas de emergencia.

AW y otros interpusieron un recurso ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituani,  con el objeto de que se condenase a Lituania a indemnizar el daño moral infligido a la víctima, ES, y a ellos mismos. En apoyo de su recurso, alegan que Lituania no garantizó la correcta aplicación la Directiva «servicio universal»,   que establece que los Estados miembros velarán por que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan gratuitamente a la autoridad que tramita las llamadas de emergencia al «112» información relativa a la ubicación de las personas que hagan llamadas tan pronto como éstas lleguen a dicha autoridad. Esta regla se aplicará a todas las llamadas al número único europeo de llamada de emergencia «112». Ese incumplimiento imposibilitó que se transmitiera la información sobre la ubicación de ES a los servicios de policía sobre el terreno, lo que impidió a estos últimos acudir en su ayuda.

El Tribunal Regional pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia disponible aquí) si la Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar esa transmisión de información, incluso cuando la llamada se haya hecho desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM, y si los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para establecer los criterios aplicables a la precisión y a la fiabilidad de la información relativa a la ubicación de la persona que llama al «112», lo que les permitiría limitar dichos criterios a la identificación de la estación base que ha trasmitido la llamada.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que del propio tenor de la Directiva se desprende que la obligación de facilitar información relativa a la ubicación de la persona que hace la llamada se aplica a «todas las llamadas al número único europeo de llamada de emergencia». Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva, en su versión original, imponía a los Estados miembros, siempre y cuando fuese técnicamente viable, una obligación de resultado, que no se limita a establecer un marco normativo adecuado, sino que exige que los datos sobre la ubicación de cada llamada al número «112» se transmitan efectivamente a los servicios de emergencia. Por tanto, no puede admitirse que las llamadas al «112» hechas desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM queden excluidas del ámbito de aplicación de la directiva.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva obliga a los Estados miembros, siempre y cuando sea técnicamente viable, a velar por que las empresas concernidas ofrezcan gratuitamente a la autoridad que tramita las llamadas de emergencia al «112» información relativa a la ubicación de las personas que hagan llamadas tan pronto como éstas lleguen a dicha autoridad, incluso cuando se hayan hecho desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM. 

El Tribunal de Justicia declara, seguidamente, que, si bien los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación para establecer los criterios aplicables a la precisión y a la fiabilidad de la información relativa a la ubicación de la persona que llama al 112, esos criterios deben garantizar, en todo caso, dentro de los límites de viabilidad técnica, la localización de la posición de dicha persona de forma tan fiable y precisa como sea necesario para que los servicios de emergencia puedan socorrerla oportuna y debidamente. El margen de apreciación de que gozan los Estados miembros al establecer tales criterios está limitado por la necesidad de garantizar la utilidad de la información transmitida para permitir la localización efectiva de la persona que hace la llamada y, por tanto, la intervención de los servicios de emergencia. Dado que esa apreciación presenta un carácter eminentemente técnico y está íntimamente ligada a las especificidades de la red de telecomunicaciones móviles lituana, corresponde al Vilniaus apygardos administracinis teismas llevarla a cabo.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que, entre los requisitos que deben cumplirse para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables, figura el relativo a la existencia de una relación de causalidad directa entre la violación de este Derecho y el daño sufrido por dichos particulares. No obstante, los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización por daños no pueden ser menos favorables que los aplicables a reclamaciones semejantes de naturaleza interna.

Por consiguiente, cuando, de conformidad con el Derecho nacional de un Estado miembro, una relación de causalidad indirecta entre la infracción cometida por las autoridades nacionales y el daño sufrido por un particular se considera suficiente a efectos de generar la responsabilidad del Estado, esa relación de causalidad indirecta entre una vulneración del Derecho de la Unión, imputable a dicho Estado miembro, y el daño sufrido por un particular también debe considerarse suficiente para generar la responsabilidad del Estado miembro por esa vulneración del Derecho de la Unión.

Los pasos que se deben seguir para denunciar una desaparición

Un total de 12.630 denuncias por desaparición permanecen activas en España con fecha a 31 de diciembre de 2018. Son datos que ha ofrecido la Asociación SOS Desaparecidos, y cuyo presidente Joaquín Amills, ha remarcado que se trata de una cifra elevada, pese a que los avances tecnológicos ha permitido reducir esa lista: “Al año recibimos unas 30.000 denuncias, de las cuales quedan sin resolver unas 600 o 700, en torno al 4%. Hace unos años era del 10%. Pese a la mejora, las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitan más medios”, subraya Amills.

Las primeras 72 horas de la desaparición son importantes, ya que permiten extremar las medidas para encontrar a la persona desaparecida. Entre otras cosas, porque es posible que aún este cerca del hogar o lugar de la desaparición. Una vez se tenga la certeza de que un familiar ha desaparecido, Amills asegura que el siguiente paso es acudir de manera inmediata a los Cuerpos de Seguridad del Estado para denunciarlo. No es necesario esperar ni 24 ni 48 horas y si los Cuerpos de Seguridad insisten en la necesidad de esperar ese tiempo para poner la correspondiente denuncia, hay que indicarles que existe la INSTRUCCIÓN 1/2009, que establece la obligación de recoger la denuncia de inmediato.

La denuncia debe estar acompañada de datos que faciliten su identificación. Entre ellas está una fotografía reciente con la descripción de todas las características físicas y rasgos diferenciales; ropa que llevaba en el momento de desaparecer; datos identificativos (DNI, libro de familia, carnets…); información relevante tanto de la desaparición como sobre la persona desaparecida…

La Asociación SOS Desaparecidos se encarga de acompañar a las familias desde el primer momento. Primero, difunden la alerta para obtener cuanto antes pistas que puedan ofrecer a las fuerzas de seguridad: “A medida que la investigación avanza, nuestro objetivo es que los medios de comunicación se hagan eco, y ofrecemos ayuda psicológica, jurídica e incluso social. Gracias a los convenios que mantenemos con las unidades caninas, que se unen a las búsquedas. También es importante el acuerdo con la Asociación Profesional de Detectives, que sirve como herramienta de colaboración.”

Las familias, una vez conocen que algunos de sus miembros no está localizado, debe mandar lo antes posible una copia de la denuncia a SOS Desaparecidos: “Una fotografía desde el móvil para enviarla por Whassap ya sirve”, comenta el presidente. Luego, al cabo de la media hora aproximadamente, la alerta se extiende a las redes sociales, una vez que se han ejecutado los filtros para comprobar que no se trate de una denuncia falsa.

El protocolo del Ministerio de Interior, apunta Joaquín Amills, establece que las desapariciones pueden ser de tres tipos:

  • Voluntarias: se puede producir como consecuencia de una pelea o una circunstancia personal que lleve al individuo a desaparecer. En cualquier caso, la utilización de cualquier documento identificativo como el DNI, la tarjeta sanitaria o el carnet de conducir, hacen que resulte casi imposible que estas personas estén desaparecidas durante un largo periodo.
  • Involuntarias: Suelen ser personas con problemas mentales, depresivas o con Alzheimer. En muchos casos, las víctimas han fallecido cuando son localizadas.
  • Forzosas: tienen un componente criminal (asesinatos, secuestros…)

El presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, ha indicado que el papel de los ciudadanos es esencial en estos casos: “Si alguien asegura haber visto a una persona que se le está buscando, nuestro consejo es que cuanto antes nos mande una fotografía con el móvil. Si no es posible una foto, se deben poner igualmente en contacto con la asociación y proporcionarnos la información más detallada posible. En caso de que tengamos conocimiento de una desaparición a través de las redes sociales, es conveniente difundirlo lo máximo posible por la red.”

FUENTE: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/los-pasos-que-deben-seguir-para-denunciar-una-desaparicion-20190902_396671

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