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Autor: Alfonso

Diplomado en Radioelectrónica Naval. Director de Seguridad (TIP 6877), Detective privado (TIP 4929). Especialista en protección de la privacidad.

El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas

El Tribunal Supremo en su sentencia de 28 junio 2018, Rec. 2036/2017, incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el que se plantea en esta sentencia en la que se condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

La Sala recuerda que ha sido pieza esencial en la reestructuración del buen gobierno corporativo de las sociedades que se implanten e implementen protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles, a fin de que sus gestores actúen con arreglo a unos parámetros que ya se fijaron en el año 1997 en el conocido «Código Olivenza». Añade que junto con este Código Olivenza fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas evita la delincuencia cometida por directivos, y empleados mediante la técnica anglosajona del compliance program como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

“De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado, y no habría que esperar a que en este caso hubiera tenido que intervenir la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, acabaran por descubrirse las apropiaciones realizadas por el recurrente”, subraya la Sala.

De ahí, afirman los magistrados, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.

Estos últimos, indica la Sala, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta derivación y ser ad intra, “sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos por los administradores que no dan rendición pautada de cuentas a sus socios o administradores solidarios y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los aquí ocurridos, son constitutivos de ilícitos penales”.

La sentencia destaca que estas actuaciones de ilícitos penales como los aquí cometidos incluso pueden dar lugar la existencia de responsabilidad civil, que en el caso de que se tratara de hechos ad extra o cometidos frente a terceros, y no frente al patrimonio de la sociedad, haría nacer una responsabilidad civil con cargo a la empresa por la vía del art. 120.4° CP (LA LEY 3996/1995), que podría estar cubierta por las pólizas de seguro de responsabilidad civil que suelen contratarse para cubrir estas eventualidades; pólizas que, al mismo tiempo, podrían exigir la constitución de los programas de cumplimiento normativo para aminorar o reducir el riesgo de la aparición de ese deber de indemnizar la aseguradora como consecuencia del aseguramiento de la responsabilidad civil.

La Sala concluye que es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control que en el caso aquí analizado no había, y que es lo que propició los actos de apropiación y de administración desleal declarados probados. Con estos programas de compliance, apunta el Tribunal Supremo, podrían evitarse estos delitos ad intra en el seno de las empresas para evitar una delincuencia societaria con grave perjuicio interno.

El tribunal estima de forma parcial el recurso del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que le impuso una pena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, así como el pago de una indemnización de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados a la empresa. La Sala le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad delictiva de ambos delitos y mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13128-el-supremo-destaca-la-importancia-de-implantar-planes-de-compliance-para-prevenir-delitos-dentro-de-las-empresas/

Separación y divorcio: la custodia compartida

La custodia compartida es una situación jurídica derivada de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio, que se encuentra recogida en el artículo 92 del Código Civil, tras la reforma efectuada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

La custodia compartida conlleva que ambos progenitores ejerzan la custodia de sus hijos menores, en las mismas condiciones. Se regula concretamente en el artículo 92.5, 6 y 7 del Código Civil, quedando redactado de la siguiente manera,

Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.” (art. 92.5)

“(…) antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.” (art. 92.6)

Sin embargo, existen ciertos motivos que conllevan la denegación de la custodia compartida, recogidos en el apartado séptimo de este artículo, que se dan cuando “cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

Asimismo, el artículo 92.8 del Código Civil recoge una excepción, pues se podrá decretar la custodia compartida, aún cuando no se de el acuerdo requerido entre los progenitores,  “Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

Resumiendo, la custodia compartida se podrá decretar cuando lo soliciten ambos progenitores, tanto en el convenio regulador como en la tramitación del procedimiento; o a instancia de uno de los progenitores. Para ello el órgano judicial deberá fundamentar su decisión salvaguardando el interés superior del menor, tras recabar el informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio.

A pesar de haberse realizado esta reforma en el año 2005, la tendencia era que el ejercicio de la custodia se realizase por uno de lo progenitores, con el cual convivirían los menores, ostentando ambos la patria potestad de los mismos. En defecto de la regulación de criterios para la adopción de esta medida, han sido los tribunales lo que han ido configurando las pautas a seguir en los casos donde existe una solicitud de la custodia compartida, tanto por parte de ambos progenitores como por parte de uno de ellos.

El primer caso es la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de febrero, donde se realiza un cambio sustancial en la doctrina. Esta sentencia, declara inconstitucional la necesidad del informe favorable del Ministerio Fiscal, siendo desde entonces sólo necesaria la emisión de dicho informe, sin que éste sea perceptivo.

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo, 257/2013, de 29 de abril, sienta doctrina y recoge los requisitos necesarios, que debe tener en cuenta el órgano judicial, para llevar a cabo esta medida, además de considerarla como la normal y deseable y no como una medida excepcional. En este sentido, “exige casar la sentencia (…) y sentar como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.

Desde entonces se han dictado diferentes sentencias donde se concede la custodia compartida a ambos progenitores (STS 95/2018, de 20 de febrero; STS 182/2018, de 4 de abril) y muchas otras que, sin entrar a cuestionar la bondad del sistema de custodia compartida, tras la constante y uniforme doctrina, consideran que no es la medida adecuada en relación con el interés superior del menor, que es lo que prima es estos casos (STS 4/2018, de 10 de enero; STS 194/2018, de 6 de abril)

Por lo tanto, no se puede afirmar categóricamente que la nueva tendencia judicial sea la adopción de la custodia compartida pues lo principal es salvaguardar el interés superior del menor, por lo que se debe examinar cada caso minuciosamente. No obstante,  lo que sí se puede afirma es que la jurisprudencia considera que la custodia compartida es la medida “normal y deseable”, y no una medida excepcional, por tanto siempre que se respete el principio de protección del interés superior del menor será la medida más idónea.

Si usted desea obtener la custodia compartida de sus hijos menores, no dude en ponerse en contacto con nosotros, Abogados Portaley puede asesorarle, estudiaremos su caso minuciosamente y buscaremos la mejor solución a sus problemas.

Autora: Raquel Trasancos Dovale

FUENTE:
http://juiciocivil.com/derecho-de-familia/separacion-y-divorcio-la-custodia-compartida/

Detectives y Justicia, ¿pareja de hecho? 

La Justicia de la España del siglo XXI mira de reojo a los profesionales que llevan su verdad y pericia a estrados contratados por algún litigante. En juzgados, no nos engañemos, son dogma los atestados policiales y dictámenes de forenses o periciales. Tienen presunción de veracidad oficial. Pero a veces hay más dogma que verdad en lo institucional.

La buena fe, se supone, antecede al pleito. Una bombilla entre tinieblas la enciende un personaje estereotipado. Hablamos del detective privado. La vis terrenal del sabueso entraña eficaz herramienta para nuestra Justicia. Es rentable por barato; sus informes (litigation support) ayudan al litigio. 

En 2019 los detectives son casi 5.000 licencias, con 50% de actividad entre hombres y mujeres. La mejor conexión del detective de ficción y el de verdad es como lo definió Germán Areta (Alfredo Landa-El Crack II- J.L.Garci): ‘Trabajo mucho, duermo poco. Y lo que veo no me gusta’.  

El Art. 265.1.5 de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) les considera ‘testigos cualificados’. En su Art. 214.1 permite al cliente del detective incluirlo en costas, si logra condena. Sale gratis al que gana.    

El Tribunal Supremo (TS) reitera jurisprudencia sobre detectives como ‘testigos privilegiados’, les obliga a decir verdad de lo grabado, fotografiado, visto o copiado respetando intimidades. Las normas de protección de datos personales europeas (Reglamento UE 16/679) y españolas (LOPD 15/99) estrechan el campo al investigador.

Pero, paradójicamente, es un filón para detectives las intimidades públicas en ‘redes sociales’, mensajerías telefónicas abiertas e internet. La fiabilidad de muchas de esas fuentes (OSINT) es contrastada a priori. Por ello es una inversión contratar a un detective. 

Las principales quejas del detective independiente de igualas, resultados predeterminados o ‘a la carta’ son los intrusos y competencia desleal de colegas que tiran precios o defraudan sin agencia. Las reivindicaciones son investigar delitos si la Justicia lo admite, lo requiere la víctima o acusado/s sin caer, ni de lejos, en policías paralelas. También, instaurar el ‘detective de oficio’. Así, la ciudadanía aporta pruebas ante la injusticia o el pisoteo de sus derechos. 

La Justicia sevillana (Juzgado nº 7 Familia) creyó al 100% un informe de detective condenando a costas, algo insólito, a un padre que pretendía reducir al mínimo pensión alimenticia ocultando patrimonio millonario que destapó el investigador. La factura del detective se incluyó en costas.

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html  

La pareja virtual Detective-Justicia debe tener más cercanía. Ya consta el respeto y sensibilidad de quienes acusan y juzgan. Especialmente, desde que una mayoría femenina (juezas, secretarias -hoy LAJ- y fiscalas) separan verdad y hechos de trucos, charlatanería togada o pruebas ‘teledirigidas’ que se desvían del foco procesal. 

Esa pareja, que creemos de hecho, Justicia-Detective proyecta el talante de neutralidad que este modesto investigador aprecia en la Ley que aplican profesionales rigurosos. Las películas y novelas sitúan al detective perseguido por policías celosos de su campo. Dejemos que sigan en su –también- riguroso trabajo que evita y combate el delito. Cabemos, todos y todas, en la Constitución y en una Justicia más iluminada con ese detective que hace décadas no persigue infidelidades, ni acosa, ni lleva gabardina.  Sólo intenta ayudar a que la Justicia tenga más dónde decidir.              

P.S Para evitar sorpresas, si algún/a lector/a necesita contratar un detective debe pedirle su licencia del Ministerio del Interior, en una agencia física y recibir copia del contrato donde conste objeto, precio y plazo operativo. De lo contrario, estará en manos de algún intruso con sólo palabrería.

FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/opinion/Detectives-Justicia-pareja-hecho_0_1338166795.html

El contrato de alquiler

El debate sobre si es más conveniente comprar o alquilar una vivienda está siempre abierto, sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario, cada vez son más los ciudadanos que se decantan por la opción del alquiler en lugar de la compra a la hora de elegir un hogar. Prueba de ello son las modificaciones que el Gobierno aplicó en junio del año pasado a la Ley de Arrendamientos Urbanos destinadas a la dinamización del mercado del alquiler. Dichos cambios afectan, fundamentalmente, a aspectos como la duración de los contratos, la flexibilidad entre las partes o la subida anual del precio.

El contrato de alquiler: ¿cómo funciona?

El contrato de alquiler debe ser firmado por el propietario y por el inquilino de la vivienda y en él deben constar todas las condiciones del acuerdo para el alquiler. A menudo, el arrendador/propietario delega estas funciones en un administrador de fincas, que se encarga de gestionar el contrato y los cobros. Aunque no exige la presencia de abogados, siempre es bueno contar con asesoría legal para asegurar que el procedimiento cumple con la normativa y no es abusivo para ninguna de las dos partes.

¿Cuáles son los requisitos para poder firmar un contrato de alquiler?

Como es lógico, el arrendador necesita una serie de garantías antes de iniciar una relación contractual con el futuro inquilino. Por eso, es habitual que antes de alquilar un inmueble debamos aportar algunos documentos que certifiquen nuestra solvencia económica y nuestro compromiso serio de cumplir con los pagos:

  • • DNI, pasaporte o NIE.
  • • Copia del contrato de trabajo y últimas nóminas.
  • • Aval bancario o aval personal.
  • • Fianza en metálico, equivalente al alquiler del primer mes.

Por su parte, el propietario está obligado a entregar la Cédula de Habitabilidad correspondiente, que acredita que la vivienda está acondicionada para la residencia de personas.

Para que el contrato sea oficial, tiene que ponerse por escrito y registrarse en la Propiedad Urbana. En todo contrato de alquiler han de figurar los siguientes datos:

  • • Nombre y datos del propietario (arrendador) y del inquilino (arrendatario).
  • • Dirección de la vivienda que se alquila e identificación de la finca.
  • • Duración del contrato acordada previamente por ambas partes.
  • • Renta a pagar.
  • • Las diferentes cláusulas pactadas. Aquí es donde deben aparecer cuestiones relativas al pago de los servicios y gastos derivados, el arreglo de posibles desperfectos, el estado del inmueble en el momento de la entrega con el inventario correspondiente, el modo en que se realizarán los pagos mensuales, etc.

Tras firmar el contrato, el arrendatario ya puede recibir las llaves de la vivienda e instalarse. Cuando la relación contractual finaliza, el arrendatario tiene obligación de devolver el inmueble en el mismo estado en el que lo adquirió y sin deudas pendientes. Si no fuese así, se le descontará el importe necesario de la fianza.

Duración del contrato de alquiler

La duración del contrato de alquiler es una cuestión que se pacta libremente entre las dos partes, propietario e inquilino, por lo que no existe una legislación específica al respecto. Lo que sí está contemplado por la Ley, en cambio, es el llamado plazo de garantía mínima o prórroga obligatoria, que tiene lugar cuando el inquilino solicita alargar la duración inicialmente acordada. Hasta ahora, la Ley fijaba un período mínimo de cinco años, pero recientemente se ha reducido a tres. Esto significa que, una vez cumplido el tiempo de alquiler que consta en el contrato, el inquilino tiene derecho a alargarlo tres años más (antes cinco). Existe, también, la denominada prórroga tácita, que se da cuando ninguna de las partes manifiesta el deseo de poner fin a la relación contractual, con lo que se sobreentiende que esta se alarga por un año más (antes tres).

Siempre que el arrendatario desee cesar el contrato de alquiler (una vez transcurridos los seis primeros meses desde la firma del mismo), debe avisar al arrendador con un mínimo de treinta días de antelación.

La nueva Ley también autoriza al arrendador o propietario para disponer de su vivienda una vez transcurrido el primer año de contrato si así lo requiere y en los supuestos siguientes: vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

FUENTE:
http://juiciocivil.com/contratos/el-contrato-de-alquiler/

Detectives: su vida real bajo la gabardina

No son espías ni ‘hackers’ ni se parecen a James Bond. Los investigadores privados más preparados de toda Europa se reivindican: «Nuestro trabajo es crucial»

La calle paralela a la calle Ponferrada de Madrid se llama también Ponferrada y la siguiente, también. Y la de antes. Y la calle que cruza, la más grande, donde está El Palacio del Churro, también es la calle Ponferrada. A un lado están los número pares y en la acera de enfrente, los portales son pares también. Y aquí, oculto en este laberinto de espejos en el que es imposible orientarse sin un radar, en un bajo que parece el taller de un electricista, hemos quedado con Alberto Téllez, técnico especialista en electrónica de comunicaciones y detective privado.

Su despacho es una versión castiza del sótano de Q, el técnico que suministra gadgets a James Bond. Alberto tiene trastos viejos, como un magnetófono de bobina abierta que parece de la Stasi, y una maleta llena de cachivaches de última generación, un escáner de radiofrecuencia, una cámara termográfica, otra endoscópica o un aparato que técnicamente se llama detector de uniones no lineales, pero ellos, los detectives, lo llaman «escoba» porque barre cualquier dispositivo electrónico. Si tienes un micro tras el pladur, cámaras ocultas en la rejilla del aire acondicionado o cables bajo la moqueta, él los encuentra. «La mayor parte de la gente que nos llama nunca tiene nada», reconoce. Tiene también Alberto unos guantes naranjas fluorescentes para no dejar huellas en sus investigaciones. Se los pone y aquello parece de repente CSI, calle Ponferrada.

«Olvídate de esa imagen literaria y cinematográfica porque nuestra profesión no tiene nada que ver con eso», nos corrige Enrique Hormigos, abogado, detective y presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). Quedamos con él en la planta baja de su chalé, donde guarda su polígrafo. La máquina determina que Enrique dice la verdad: «Los detectives no llevamos gabardina, ni una lupa y un periódico con dos agujeros a la altura de los ojos. Esta no es una imagen seria y distorsiona nuestra profesión. No nos tiramos desde un avión, ni saltamos de trenes en marcha. Somos gente normal, preparada».

En España hay casi 4.500 detectives privados acreditados, aunque apenas la mitad ejerce. Un 30% aproximadamente son mujeres. Presumen de ser los más formados de Europa porque sólo en nuestro país hay que estudiar tres años de carrera para obtener la licencia. En las últimas dos semanas han celebrado dos congresos en Madrid para reivindicar su profesión. Llevan años exigiendo un estatuto jurídico propio o un reglamento dentro de una Ley de Seguridad Privada que ahora les mete en el mismo saco que vigilantes o guardapescas. Piden medidas contra el intrusismo y que se cree la figura del detective de asistencia gratuita. Ni son paparazzis, ni espías, ni hackers. «Internet ha cambiado nuestro trabajo, es verdad. Deja un rastro que no teníamos antes y nos ha hecho evolucionar, pero los malos también evolucionan y muchas veces van por delante», advierte Hormigos.

Sabemos ya que no llevan microchips en la patilla de las gafas, no se cuelgan de teleféricos ni beben martinis agitados. ¿A qué se dedican entonces los detectives? Hemos perseguido a cuatro de ellos, cada uno especializado en un tipo distinto de investigación, para conocer la verdad de los investigadores privados.

Son las 11 de la mañana. Quedamos en pleno centro de Madrid con Rafael Guerrero. Su tarjeta de visita dice que es detective privado y escritor. La web de su despacho, Agency World, dice que es «experto en investigaciones complejas a nivel mundial, localización de desaparecidos y seguridad privada». Quedan unos días para Navidad y hay millones de personas caminando en sentido único por la calle Preciados. Entre la marea humana hay un señor con gafas de sol que se enciende un pitillo a lo Philip Marlowe protegiendo el mechero entre las solapas de su gabardina (sí, su gabardina). Volvemos al tópico por un instante. ¿Rafael Guerrero? Elemental, querido lector.

Rafael salió de una de las primeras promociones de detectives de la Complutense en 1992. Su primer caso fue investigar una infidelidad en un hotel de la Castellana y aún recuerda el sonido de las cámaras de fotos cuando el adúltero asomó por la puerta. Ta-ta-ta-ta-tá. El último encargo, buscar a una señora de unos 74 años a la que sus hijas no ven desde 2000. Cuando acabe nuestro café, el detective se irá a una pensión en la calle Valverde, donde pudo alojarse la desaparecida hace años.

– ¿Por qué decidió ser detective?

– De joven veía las películas de James Bond. Leía a Ian Fleming. ¿Quién no quiere ser Roger Moore? Entonces no había mucha información sobre lo que era un servicio secreto. No es como ahora, que el CNI tiene hasta web. Lo más cercano que encontré al acabar la mili fue la carrera de Investigación Privada. En tres años era detective. Hice un año de Criminología y me lancé a la batalla. Como había sido mensajero, se me rifaban, era muy bueno en los seguimientos en moto.

– ¿Era la profesión como imaginó leyendo a Fleming?

– En realidad somos más Pepe Carvalho o Germán Areta que James Bond. Ser detective es un estilo de vida y lo aprendes en la calle. Lo duro que es, la cara B de las personas, cómo es la sociedad de verdad, lo que esconde. Te hace ver la vida desde un plano que la gente no ve en su zona de confort.

– ¿Mentimos mucho?

– Todo el mundo miente. Lo decía Nietzsche: la mentira es necesaria para la vida. Necesitamos mentir porque la verdad siempre es decepcionante.

¿Es decepcionante la realidad de los detectives españoles? Javier Regidor es uno de los veteranos. Ejerce también desde 1992 y es uno de los personajes más conocidos en el gremio. «Muy de calle», dicen. En su primer caso tenía que seguir a un médico. Salió de la clínica con un BMW y en la primera curva lo perdió de vista. Javier es un tipo grande, con melena y barba de una semana. En su avatar de Whatsapp tiene un dibujo del Señor Lobo de Pulp Fiction. Es el único que no se deja retratar por nuestro fotógrafo porque -avisa- «yo trabajo con mi anonimato». Vive en una casa en la sierra en la que tiene una caravana vieja y una habitación que parece un decorado de True Detective en la que cuelgan con pinzas, entre ramas secas de árbol, planos de Madrid, mapas y reportajes en blanco y negro de papel couché. Guarda decenas de revistas que ya amarillean y un ejemplar a mitad leer de Galveston, la novela que escribió Nic Pizzolatto, el creador de la serie de HBO. En su despacho hay también un banco de pesas con aire carcelario, un teclado y una cámara Super-8 antigua en la puerta de la cámara acorazada en la que custodia los informes de sus clientes. Dentro tampoco podemos fotografiar. Top secret.

«En realidad somos gestores de la información, pero nos llamamos detectives porque suena mejor», explica. «Yo me veo muy identificado con el Jack Nicholson de Chinatown. Casos industriales, fraudes, competencia desleal… A eso nos dedicamos sobre todo».

Durante nuestra entrevista le telefonea uno de sus colaboradores. Su Watson se llama Antonio. Sigue a una persona para destapar un posible caso de absentismo laboral. «¿Que ha entrado al médico? Ok. Córtalo, Antonio. Seguimos otro día». Y cuelga. Por la tarde gestionará un viaje a una subasta en Alemania para localizar unas piezas de arte de una herencia familiar.

– ¿Qué hay que tener para ser buen detective?

– Hay que ser todoterreno. Yo quiero a gente que le guste la caña, con iniciativa. Que sepa vigilar un portal, porque hay muchas maneras de hacerlo. Puedes estar leyendo el periódico o puedes estar pensando. Ha salido tal señor. Quizás sea él. ¿Tendrá barba? ¿Está de moda la barba? ¿Irá al cine? Mira, ahí se alquila un piso. ¿Y si llamo y pregunto por el vecino? Puedes ir hilvanando como Sherlock Holmes. Yo no pago a nadie para que me diga si el portal se abre o no, sino para que saque información de la nada.

En la puerta de su casa aparca un Porsche 911 Carrera negro. A diario usa un coche «más discreto». El Porsche lo conduce en las persecuciones. El otro día le cazaron a más de 200 detrás de un caso. Multazo. «Ojalá algún día dejemos de ser un bulto sospechoso y la gente valore nuestro trabajo como valora el de la Policía porque hacemos un servicio crucial».

¿Cuál es el principal problema de los detectives en España? «La desunión», sentencia Rafael Guerrero. «Si los periodistas sois el cuarto poder, nosotros somos el ciento y pico. No hemos sabido transmitir lo necesarios que somos, aunque todos los días se ratifican nuestros informes en los juzgados».

Los detectives no pueden perseguir delitos, no pueden invadir la intimidad de nadie, ni su imagen, ni sus comunicaciones. Investigan lo mismo que podría investigar usted pero con garantías legales. «Nuestro problema es el intrusismo», denuncia Enrique Hormigos. «Cualquiera va a la tienda del espía y se cree en condiciones de ser detective o de investigar al vecino».

Hormigos es uno de los mayores expertos de España en el uso de polígrafos. En el 75% de los casos la máquina de la verdad se utiliza para conflictos familiares, infidelidades o asuntos laborales. Su primer caso fue seguir a una chica porque su prometido sospechaba que ejercía la prostitución (no se equivocaba). Hoy Enrique se dedica, sobre todo, a fraudes de aseguradoras. Las compañías ahorran más de 400 millones al año gracias a los detectives. «Antes ganábamos dinero a espuertas. Ahora hay más fraudes pero han cerrado más empresas y las que hay se gastan menos», apunta.

Es la hora de comer y Rafael Guerrero tiene que buscar pistas en la pensión. Antes de que se acabe el café, se levanta dos mesas más allá un tipo en chándal con un casco de acero de soldado en la cabeza y un tebeo bajo el brazo. El detective le sigue con la vista.

– ¿Nunca desconecta?

– Nunca al cien por cien. Pero a ese le he visto yo y le has visto tú también.

– ¿Y alguna vez le han pillado?

– Si un detective te dice que no le han mordido nunca, o miente o es que jamás ha salido a la calle.

FUENTE: https://www.elmundo.es/papel/historias/2017/12/16/5a302d17e2704e65568b460f.html

¿Quién paga al detective? 

Los divorcios o pleitos entre ex cónyuges suelen ser casos en los que intervienen frecuentemente detectives privados. El trabajo de estos investigadores ayuda a sacar a la luz actividades o ingresos subterráneos que alguna de las partes implicadas preferiría que siguieran ocultos. Pero, hasta ahora, la minuta del detective casi siempre corría a cargo de la persona que lo contrataba. Un juzgado de Sevilla ha emitido ahora una sentencia en la que impone el pago de las costas, incluida la factura del detective, a un hombre que solicitó una rebaja en la pensión alimenticia que pasa a su hijo. Para ello ocultó datos económicos claves, que fueron sacados a la luz por un detective, cuyo trabajo tendrá que ser costeado por el demandante y no por su ex mujer, que fue la que contrató sus servicios. 

El caso es el de un ex piloto de Iberia que solicitó al juzgado rebajar de 1.100 a 500 euros la pensión alimenticia que pasa cada mes a su hijo, alegando que se había jubilado y que había sufrido una importante reducción de sus ingresos. Según la demanda del ex piloto, la pensión del menor suponía más de la mitad de sus ingresos actuales y apenas le quedarían 900 euros para su sustento al mes. 

La ex mujer del demandante contrató los servicios del detective Juan Carlos Arias, de la agencia Adas, para tratar de desmontar esta supuesta reducción de los ingresos. El investigador pudo probar que el ex piloto ocultaba una serie de datos económicos que resultaban claves y que la merma económica que padecía no era tal. Arias demostró que la renta mensual del ex piloto rondaba los 5.000 euros. Esta cantidad era aportada por un montepío de pilotos de Iberia, al que había aportado más de 600.000 euros durante sus más de cuatro décadas al servicio de la compañía. 

Durante sus años de trabajo, el aviador cobraba unos 200.000 euros al año y formaba parte de un grupo conocido entre los nuevos pilotos como los brahmanes, por sus condiciones laborales privilegiadas. Entre ellas están las estancias en hoteles de cinco estrellas, las jornadas inferiores a las de cualquier trabajador y más de dos meses al año de vacaciones pagadas. A ello se le añaden la posibilidad de volar hasta el fin de sus días en Iberia sin billete y con parking gratis, ventaja de la que también disfrutan sus hijos y parejas, así como la estancia gratis o a precios irrisorios en hoteles de lujo de todo el mundo. 

El demandante entró en Iberia procedente del Ejército del Aire, por lo que tampoco su formación supuso un coste para él. Por todo ello, el informe del detective concluye que el ex piloto ganó en su trayectoria laboral millones de euros y que amasó una fortuna, que luego multiplicó gracias a una serie de inversiones exitosas. Así, el investigador demostró que el comandante de Iberia es propietario de seis vehículos, cinco coches y una motocicleta. Algunos de ellos son coches antiguos de coleccionista. 

Además, posee varios inmuebles y participaciones en otras propiedades y solares. Percibe rentas por alquileres de dos apartamentos en Sevilla y uno en Madrid. Vive solo y tiene otros tres hijos mayores de edad, todos ellos ya emancipados e independientes. Reside en una vivienda de 330 metros cuadrados en una parcela de 3.700 metros cuadrados en una urbanización exclusiva del Aljarafe y tiene en casa una empleada y un jardinero. 

El informe del detective fue clave para desmontar la supuesta rebaja en los ingresos que sostenía el demandante. En su sentencia, la juez afirma que queda probado que el ex piloto percibía unos ingresos que casi triplicaban lo que aseguraba en su demanda. Recuerda también que la pensión se fijó en atención a la total capacidad económica del mismo, de la que «nada ha variado sutancialmente». Por una «patente» ocultación de datos económicos, la juez le impone el pago de las costas, que ha generado en su ex mujer «unos gastos procesales innecesarios»

FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html

Tutela del menor, un instrumento de protección

Fuente: https://www.guiadetectives.com/articulos/tutela-del-menor-un-instrumento-de-proteccion

¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor? Foto: Morguefile.com Constituye una de las figuras de derecho más recurridas para favorecer la protección de la infancia, utilizada en casos en los que el menor pierde cualquier tipo de representación familiar por causas tan variadas como la desatención o el fallecimiento de los progenitores.

Esta herramienta legal, que también puede ser demandada en los casos en los que está presente la incapacidad, funciona como medida de amparo del presente y del futuro del niño en cuestión. La tutela del menor tiene muy en cuenta tanto sus necesidades de escolarización y de aprendizaje como sus legitimidades económicas, que deben en cualquier caso quedar protegidas por este instrumento de custodia. ¿Qué función tiene este tipo de tutela?

Dictaminada en los casos en los que éstos no se encuentran bajo patria potestad, la persona que adquiere la tutela del menor tiene la obligación de instruirlo y de garantizarle una educación integral, además de conformar como representante legal en cualquier tipo de acto o en la propia administración de sus bienes. Sin embargo, para evitar que se produzcan nuevas situaciones de desatención o desamparo, el recién nombrado tutor no puede ejercer sin el consentimiento del juez acciones que atenten a sus legitimidades. Son claro ejemplo de éstas las maniobras relacionadas con la solicitud de un internamiento del menor, con el traspaso de sus bienes, valores o empresas, con la asunción de acuerdos que afecten gravemente a sus derechos o con la ejecución de gastos desmesurados a cuenta del capital del menor tutelado. ¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor?

El juez es el encargado de tomar dicha decisión, valorando previamente qué persona de su entorno es la más indicada o capaz para ocuparse del menor. Cónyuges, abuelos o incluso individuos que hayan sido designados en el testamento, en caso de fallecimiento de los progenitores, pueden convertirse en tutores legales. Sin embargo, para que este amparo se haga efectivo deben superarse una serie de condiciones. El representante seleccionado no puede haber sido privado o suspendido del ejercicio de la patria potestad, del mismo modo que no puede haber sido condenado por delitos que afecten al buen desempeño de la tutela ni debe haber manifestado posiciones contrarias, conflictos de intereses o enemistades con el menor. No obstante, también la persona seleccionada para ejercer las funciones de tutela puede decidir rechazar el cargo, principalmente si carece de medios económicos suficientes para atenderle. Esta petición debe ser realizada en un plazo de 15 días desde su nombramiento.

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