Categoría: Legislación

¿Quién paga al detective? 

Los divorcios o pleitos entre ex cónyuges suelen ser casos en los que intervienen frecuentemente detectives privados. El trabajo de estos investigadores ayuda a sacar a la luz actividades o ingresos subterráneos que alguna de las partes implicadas preferiría que siguieran ocultos. Pero, hasta ahora, la minuta del detective casi siempre corría a cargo de la persona que lo contrataba. Un juzgado de Sevilla ha emitido ahora una sentencia en la que impone el pago de las costas, incluida la factura del detective, a un hombre que solicitó una rebaja en la pensión alimenticia que pasa a su hijo. Para ello ocultó datos económicos claves, que fueron sacados a la luz por un detective, cuyo trabajo tendrá que ser costeado por el demandante y no por su ex mujer, que fue la que contrató sus servicios. 

El caso es el de un ex piloto de Iberia que solicitó al juzgado rebajar de 1.100 a 500 euros la pensión alimenticia que pasa cada mes a su hijo, alegando que se había jubilado y que había sufrido una importante reducción de sus ingresos. Según la demanda del ex piloto, la pensión del menor suponía más de la mitad de sus ingresos actuales y apenas le quedarían 900 euros para su sustento al mes. 

La ex mujer del demandante contrató los servicios del detective Juan Carlos Arias, de la agencia Adas, para tratar de desmontar esta supuesta reducción de los ingresos. El investigador pudo probar que el ex piloto ocultaba una serie de datos económicos que resultaban claves y que la merma económica que padecía no era tal. Arias demostró que la renta mensual del ex piloto rondaba los 5.000 euros. Esta cantidad era aportada por un montepío de pilotos de Iberia, al que había aportado más de 600.000 euros durante sus más de cuatro décadas al servicio de la compañía. 

Durante sus años de trabajo, el aviador cobraba unos 200.000 euros al año y formaba parte de un grupo conocido entre los nuevos pilotos como los brahmanes, por sus condiciones laborales privilegiadas. Entre ellas están las estancias en hoteles de cinco estrellas, las jornadas inferiores a las de cualquier trabajador y más de dos meses al año de vacaciones pagadas. A ello se le añaden la posibilidad de volar hasta el fin de sus días en Iberia sin billete y con parking gratis, ventaja de la que también disfrutan sus hijos y parejas, así como la estancia gratis o a precios irrisorios en hoteles de lujo de todo el mundo. 

El demandante entró en Iberia procedente del Ejército del Aire, por lo que tampoco su formación supuso un coste para él. Por todo ello, el informe del detective concluye que el ex piloto ganó en su trayectoria laboral millones de euros y que amasó una fortuna, que luego multiplicó gracias a una serie de inversiones exitosas. Así, el investigador demostró que el comandante de Iberia es propietario de seis vehículos, cinco coches y una motocicleta. Algunos de ellos son coches antiguos de coleccionista. 

Además, posee varios inmuebles y participaciones en otras propiedades y solares. Percibe rentas por alquileres de dos apartamentos en Sevilla y uno en Madrid. Vive solo y tiene otros tres hijos mayores de edad, todos ellos ya emancipados e independientes. Reside en una vivienda de 330 metros cuadrados en una parcela de 3.700 metros cuadrados en una urbanización exclusiva del Aljarafe y tiene en casa una empleada y un jardinero. 

El informe del detective fue clave para desmontar la supuesta rebaja en los ingresos que sostenía el demandante. En su sentencia, la juez afirma que queda probado que el ex piloto percibía unos ingresos que casi triplicaban lo que aseguraba en su demanda. Recuerda también que la pensión se fijó en atención a la total capacidad económica del mismo, de la que «nada ha variado sutancialmente». Por una «patente» ocultación de datos económicos, la juez le impone el pago de las costas, que ha generado en su ex mujer «unos gastos procesales innecesarios»

FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html

Tutela del menor, un instrumento de protección

Fuente: https://www.guiadetectives.com/articulos/tutela-del-menor-un-instrumento-de-proteccion

¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor? Foto: Morguefile.com Constituye una de las figuras de derecho más recurridas para favorecer la protección de la infancia, utilizada en casos en los que el menor pierde cualquier tipo de representación familiar por causas tan variadas como la desatención o el fallecimiento de los progenitores.

Esta herramienta legal, que también puede ser demandada en los casos en los que está presente la incapacidad, funciona como medida de amparo del presente y del futuro del niño en cuestión. La tutela del menor tiene muy en cuenta tanto sus necesidades de escolarización y de aprendizaje como sus legitimidades económicas, que deben en cualquier caso quedar protegidas por este instrumento de custodia. ¿Qué función tiene este tipo de tutela?

Dictaminada en los casos en los que éstos no se encuentran bajo patria potestad, la persona que adquiere la tutela del menor tiene la obligación de instruirlo y de garantizarle una educación integral, además de conformar como representante legal en cualquier tipo de acto o en la propia administración de sus bienes. Sin embargo, para evitar que se produzcan nuevas situaciones de desatención o desamparo, el recién nombrado tutor no puede ejercer sin el consentimiento del juez acciones que atenten a sus legitimidades. Son claro ejemplo de éstas las maniobras relacionadas con la solicitud de un internamiento del menor, con el traspaso de sus bienes, valores o empresas, con la asunción de acuerdos que afecten gravemente a sus derechos o con la ejecución de gastos desmesurados a cuenta del capital del menor tutelado. ¿Cómo se lleva a cabo la elección del tutor?

El juez es el encargado de tomar dicha decisión, valorando previamente qué persona de su entorno es la más indicada o capaz para ocuparse del menor. Cónyuges, abuelos o incluso individuos que hayan sido designados en el testamento, en caso de fallecimiento de los progenitores, pueden convertirse en tutores legales. Sin embargo, para que este amparo se haga efectivo deben superarse una serie de condiciones. El representante seleccionado no puede haber sido privado o suspendido del ejercicio de la patria potestad, del mismo modo que no puede haber sido condenado por delitos que afecten al buen desempeño de la tutela ni debe haber manifestado posiciones contrarias, conflictos de intereses o enemistades con el menor. No obstante, también la persona seleccionada para ejercer las funciones de tutela puede decidir rechazar el cargo, principalmente si carece de medios económicos suficientes para atenderle. Esta petición debe ser realizada en un plazo de 15 días desde su nombramiento.

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