Categoría: Legislación

Empieza el juicio a Ana Julia: ¿cómo funciona el tribunal del jurado?

J. M. Barjola. – Este lunes ha comenzado el juicio a Ana Julia Quezada por un tribunal de ciudadanos legos (no expertos en derecho) en la Audiencia Provincial de Almería. Según se establece en los autos, se enfrenta a una posible pena de prisión permanente revisable por matar al hijo del que por entonces era su pareja, a quien “golpeó reiteradamente con violencia” y luego estranguló hasta causarle la muerte. El jurado tendrá que decidir si, como asegura la encausada, fue un accidente, o si, por el contrario, le causó la muerte de manea voluntaria. 

El juicio de Ana Julia pone en el foco mediático de nuevo la figura de los jurados populares, tan conocidos como en ocasiones polémicos. En los últimos años otros conocidos asuntos han acabado en manos de este tipo de tribunal, como el de Diana Quer y e’ El Chicle’, Marta del Castillo o el de Isabel Carrasco, este último con polémica por la decisión del Magistrado-Presidente (el juez que dirige el jurado) de emitir una sentencia contraria a la opinión del tribunal, algo que el TSJ corrigió y que luego confirmó el Supremo. 

Esta forma de enjuiciar supone un derecho y un deber de los ciudadanos a participar en el poder judicial de forma directa, reconocido constitucionalmente en el artículo 125 del texto constitucional y regulado por la Ley orgánica 5/1995 (Ley del Jurado). Estos son algunos de los puntos más importantes a tener claros sobre su funcionamiento. 

¿En qué casos se acude a un tribunal del jurado?

El artículo 1.2 de la Ley del Jurado establece que el tribunal popular tendrá competencia para fallar sobre los siguientes delitos:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).

b) De las amenazas (artículo 169.1.º).

c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).

d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).

f) Del cohecho (artículos 419 a 426).

g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).

h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438)

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

Quedan excluidos del ámbito del jurado los delitos que sean competencia de la Audiencia Nacional, como terrorismo o tráfico de drogas a nivel nacional, entre otros. 

¿Quién compone el tribunal?

El tribunal se compone de nueve jurados presididos por un magistrado. Los jurados son ciudadanos legos elegidos al azar. Deben ser españoles mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir y residir en la provincia donde el delito se hubiere cometido (artículo 8 de la Ley del Jurado). 

¿Cómo son elegidos los miembros del jurado?

Los jurados son elegidos de una lista de candidatos elaborada por la Delegación Provincial del Censo electoral cada año. Esta lista general se realiza por sorteo. 

De esta lista de jurados posibles, el Magistrado-Presidente elige al azar y en audiencia pública a 36 candidatos para un caso en concreto, que deben ser llamados con 30 días de antelación al juicio oral. 

De la lista de elegibles son seleccionados finalmente nueve y dos suplentes el día de la vista oral. Todos los elegibles deben acudir a la audiencia, so pena de 150 euros de multa, de 600 euros si es la segunda citación o de incluso 1.500 euros si es la tercera

Una vez seleccionados, las partes pueden interrogar a los jurados. Si lo consideran necesario luego pueden recusarlos. La decisión la tomará el Magistrado-Presidente en la propia vista y no cabrá recurso contra ella.  Así, por ejemplo, en el juicio a Quezada han sido elegidos siete mujeres y dos hombres.

¿Cómo delibera el jurado?

El jurado debe prestar atención en el juicio a las pruebas practicadas y a las declaraciones de las partes, sobre el cual deben formar su veredicto cuando se den por terminadas las vistas. 

Una vez practicadas las pruebas, el Magistrado-Presidente lee, de forma separada y numerados los hechos alegados, cada uno de los elementos fácticos sobre los que el jurado debe decidir. Esta exposición debe ser extremadamente clara y concisa: se debe diferenciar entre los hechos que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables de forma clara (artículo 52 de la Ley del Jurado). Seguidamente, se enumeran los delitos y el jurado decide sobre la culpabilidad de los acusados con respecto a cada uno de los delitos. El Magistrado-Presidente puede en este punto apuntar al jurado circunstancias que beneficien al acusado si considera, así como recordarles de que no se atiendan a medios probatorios ilícitos o declarados nulos. No podrá, sin embargo, hacer alusión opinativa alguna sobre las pruebas que se han practicado. 

Tras ello, el jurado toma su decisión a puerta cerrada, en régimen de incomunicación. Cualquier contacto con el Magistrado-Presidente para resolver dudas sobre el procedimiento será por escrito por vía del Letrado de la Administración de Justicia. 

¿Cuánto tiempo puede tomar?

Nada especifica la Ley del Jurado sobre el tiempo que se pueden tomar los jurados para formar su opinión. No obstante, se precisa que a los dos días se requerirá al portavoz a una comparecencia sobre el asunto.

Una vez tomada la decisión, deberán uno por uno expresar el sentido del fallo en voz alta en la vista. No pueden abstenerse; de hacerlo y continuar en negativa se puede incurrir en un delito de desobediencia, con las correspondientes consecuencias penales. 

¿Es vinculante la decisión?

Se requieren siete votos para declarar culpable al acusado y cinco para su absolución. También se requerirán cinco votos para la aplicación al declarado culpable, de los beneficios de remisión condicional de la pena, así como sobre la petición de indulto en la sentencia. 

Una vez tomada la decisión, ésta es plasmada en un acta que se lee en audiencia pública. El acta puede ser devuelta del Magistrado-Presidente al jurado si considera que existen cuestiones que no han quedado bien resueltas, como defectos en forma, pronunciamientos ultra petitum o defectos subsanables como ausencia de mayorías necesarias. Si el acta es devuelta por tres veces al jurado, éste debe ser resuelto y volverse a celebrar la vista con un nuevo tribunal. 

Una vez decidido qué hechos son probados, el jurado decide si el acusado debe ser absuelto o si es culpable. El Magistrado-Presidente deberá emitir sentencia de absolución si el jurado determina la no culpabilidad. 

Por el contrario, si el jurado dice que el acusado es culpable, el magistrado es el encargado de determinar la calificación jurídica del delito cometido, el grado de participación y los agravantes y atenuantes para, por fin, determinar la pena. 

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14364-empieza-el-juicio-a-ana-julia:-iquest;como-funciona-el-tribunal-del-jurado/

Novatadas universitarias, ¿pueden ser delito?

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14353-novatadas-universitarias-iquest;pueden-ser-delito-/

J. M. Barjola. – Van en grupos, se hacen llamar ‘veteranos’ y ‘novatos’ y practican todo tipo retos de iniciación en parques y plazas de ciudades universitarias. Son las archiconocidas ‘novatadas’. Esta tradición, tan arraigada como peligrosa, es sin embargo una situación desregulada. La normativa española no cuenta con ninguna ley a nivel estatal o autonómico que regule este tipo de prácticas. No obstante, instituciones educativas y universidades llevan años prohibiéndolas en sus normativas internas y luchando para concienciar a la comunidad educativa de la gravedad del problema.  

Sin embargo, que no exista una regulación penal específica no significa que las novatadas no puedan acarrear delitos. La Policía Nacional lanzó en 2015 una campaña advirtiendo de los peligros y las posibles consecuencias penales que pueden conllevar las novatadas llevadas al extremo. Y es que en algunos casos estas actividades pueden llevar a relaciones de sumisión en círculos cerrados muy difíciles de controlar. Una relación de acoso entre el veterano y el novato, caldo de cultivo para una gran lista de delitos: lesiones (art. 147 y ss. del CP), amenazas (artículo 169 y ss.), delitos contra la libertad sexual (art. 181 y ss.), contra la integridad moral (art. 173 y ss), contra la intimidad (art. 197 y ss.), el honor, (art. 211), de inducción al suicidio (art. 143) o incluso de homicidio imprudente (art. 138 y ss.) en los casos más extremos, a la que se le añaden las correspondientes sanciones administrativas e indemnizaciones por los daños causados. 

¿Cuál es la regulación actual de las novatadas? ¿Se han pronunciado los tribunales sobre este fenómeno, tan conocido como poco regulado? ¿Qué dice la normativa de las universidades sobre esta tradición?

«Una auténtica situación de hostigamiento»

España, a diferencia de otros países, no cuenta con un tipo penal específico para las novatadas en el Código Penal. Se debe acudir por tanto a la normativa administrativa, en concreto a los reglamentos de los colegios mayores y las universidades, que prohíben de forma tajante las novatadas o cualquier otra relación de sumisión continuada en el tiempo que pueda dañar a alumnos de nuevo ingreso en cualquier ambiente cerrado académico. 

En cuanto a la vía penal, hasta la fecha existen escasas sentencias que enjuicien comportamientos de novatadas en el ámbito universitario. Un dato que hace sospechar sobre escasez o efectividad de los medios de denuncia, o a la fuerte presión de grupo que se ejerce en estos colectivos, donde muchos prefieren no denunciar o conformarse con las medidas tomadas a nivel interno por las direcciones de los centros. 

La cuestión cambia en el ámbito de la jurisdicción militar. Sí que se han emitido un considerable número de sentencias condenatorias que detallan duros y extremos rituales de iniciación y situaciones de dominancia en academias militares, donde se dominaba y sometía a los reclutas de primer año. 

Recientemente el Tribunal Militar Central se pronunció sobre el asunto en un caso de novatadas en la Academia General Militar, en sentencia de 17 de abril de 2017. La resolución, quizás una de las que desarrolla el tema de forma más detallada, explica que lo que inicialmente pueden ser consideradas meras “novatadas” pueden en realidad conformar “una auténtica situación de hostigamiento o acoso (…) al dirigirse hacia un mismo compañero de estudios, a quien claramente se percibe como más débil o vulnerable y por este mismo motivo”, situación que puede alargarse durante meses, “de forma coordinada, implacable e inmisericorde” y con “la inhibición o pasividad de todos los demás”.  

¿Cómo se regula en otros países? 

También en otros países la cuestión es tratada de forma mucho más controlada. Sin ir más lejos, el Code pénal francés vigente cuenta con una sección en exclusiva para las conocidas como bizutages – novatadas en el idioma galo -, que el fallo define como los actos “que haga a otra persona, contra su voluntad o no, sufrir situaciones humillantes o degradantes o le haga consumir alcohol en exceso en reuniones o eventos relacionadas con el ambiente escolar o socioeducativo”. Las penas previstas por la ley penal francesa pueden variar de entre seis meses de prisión y 7.500 euros de multa hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa en caso de que el delito se cometa sobre personas especialmente vulnerable. Todo ello, establece el código, sin perjuicio de los delitos en concurso de violencia, amenazas o contra la libertad sexual que se pudieran cometer. 

En Estados Unidos el asunto cuenta con una regulación férrea, aunque no homogénea. Según los datos del portal del experto en el tema Hank Nuwer, desde 1959 en EEUU se han registrado al menos una muerte al año por novatadas en ámbitos académicos. Muchas de estas muertes están relacionadas con duros rituales de acceso a hermandades o equipos deportivos, colectivos exclusivos con tradiciones de ingreso casi sagradas. Es por ello que, con el auge de estos estos grupos, 44 de los 50 estados del país cuentan con su legislación específica para delitos de hazing, el término utilizado en inglés. Estas leyes también recogen cuantiosas multas y penas de prisión para los casos extremos. 

¿Cómo puedo denunciar?

Las novatadas pueden ser denunciadas tanto por la vía administrativa como por la vía judicial.

En caso de acudir a la vía administrativa, se puede depositar la denuncia en el Vicerrectorado de Estudiantes o el equivalente de la Universidad. Puede venir acompañada con la intervención del Defensor del Universitario, cuya misión es ayudar al alumno y orientarle en situaciones de problemas como esta. Una vez puesta en conocimiento la situación de la Administración, ésta debe tomar cartas en el asunto para que la situación pare de inmediato. Entre las medidas para conseguirlo se encuentran expulsar a los denunciados de la residencia en cuestión, anular su matrícula en la Universidad o retirar la beca de las que se estén beneficiando. 

En cuanto a la vía judicial, en aconsejable acompañar la denuncia con la presencia de testigos, además de otro tipo de pruebas, como certificados médicos de lesiones. Para abrir el caso en vía judicial es aconsejable la presencia de un abogado, aunque para presentar denuncia – que puede realizarse en cualquier dependencia de la policía – la presencia de letrado no es obligatoria. 

Las operadoras deben transmitir gratuitamente a la autoridad la información que permita localizar a quien llama de emergencia al 112

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14355-las-operadoras-deben-transmitir-gratuitamente-a-la-autoridad-la-informacion-que-permita-localizar-a-quien-llama-de-emergencia-al-112/

AW y otros son allegados de ES, una joven de 17 años, víctima de un acto delictivo. El 21 de septiembre de 2013, hacia las 6 de la mañana, a las afueras de Panev?žys (Lituania), ES fue secuestrada, violada y quemada viva en el maletero de un automóvil. Cuando se encontraba encerrada en dicho maletero, llamó por teléfono móvil al número único europeo de llamada de emergencia «112» en unas diez ocasiones para pedir socorro. Sin embargo, los sistemas del centro de atención de llamadas de emergencia no mostraban el número del teléfono móvil utilizado, lo que impidió localizar a la joven. No fue posible determinar si el teléfono móvil utilizado por ES tenía tarjeta SIM ni por qué su número no era visible en el centro de atención de llamadas de emergencia.

AW y otros interpusieron un recurso ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituani,  con el objeto de que se condenase a Lituania a indemnizar el daño moral infligido a la víctima, ES, y a ellos mismos. En apoyo de su recurso, alegan que Lituania no garantizó la correcta aplicación la Directiva «servicio universal»,   que establece que los Estados miembros velarán por que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan gratuitamente a la autoridad que tramita las llamadas de emergencia al «112» información relativa a la ubicación de las personas que hagan llamadas tan pronto como éstas lleguen a dicha autoridad. Esta regla se aplicará a todas las llamadas al número único europeo de llamada de emergencia «112». Ese incumplimiento imposibilitó que se transmitiera la información sobre la ubicación de ES a los servicios de policía sobre el terreno, lo que impidió a estos últimos acudir en su ayuda.

El Tribunal Regional pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia disponible aquí) si la Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar esa transmisión de información, incluso cuando la llamada se haya hecho desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM, y si los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para establecer los criterios aplicables a la precisión y a la fiabilidad de la información relativa a la ubicación de la persona que llama al «112», lo que les permitiría limitar dichos criterios a la identificación de la estación base que ha trasmitido la llamada.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que del propio tenor de la Directiva se desprende que la obligación de facilitar información relativa a la ubicación de la persona que hace la llamada se aplica a «todas las llamadas al número único europeo de llamada de emergencia». Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva, en su versión original, imponía a los Estados miembros, siempre y cuando fuese técnicamente viable, una obligación de resultado, que no se limita a establecer un marco normativo adecuado, sino que exige que los datos sobre la ubicación de cada llamada al número «112» se transmitan efectivamente a los servicios de emergencia. Por tanto, no puede admitirse que las llamadas al «112» hechas desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM queden excluidas del ámbito de aplicación de la directiva.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva obliga a los Estados miembros, siempre y cuando sea técnicamente viable, a velar por que las empresas concernidas ofrezcan gratuitamente a la autoridad que tramita las llamadas de emergencia al «112» información relativa a la ubicación de las personas que hagan llamadas tan pronto como éstas lleguen a dicha autoridad, incluso cuando se hayan hecho desde un teléfono móvil sin tarjeta SIM. 

El Tribunal de Justicia declara, seguidamente, que, si bien los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación para establecer los criterios aplicables a la precisión y a la fiabilidad de la información relativa a la ubicación de la persona que llama al 112, esos criterios deben garantizar, en todo caso, dentro de los límites de viabilidad técnica, la localización de la posición de dicha persona de forma tan fiable y precisa como sea necesario para que los servicios de emergencia puedan socorrerla oportuna y debidamente. El margen de apreciación de que gozan los Estados miembros al establecer tales criterios está limitado por la necesidad de garantizar la utilidad de la información transmitida para permitir la localización efectiva de la persona que hace la llamada y, por tanto, la intervención de los servicios de emergencia. Dado que esa apreciación presenta un carácter eminentemente técnico y está íntimamente ligada a las especificidades de la red de telecomunicaciones móviles lituana, corresponde al Vilniaus apygardos administracinis teismas llevarla a cabo.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que, entre los requisitos que deben cumplirse para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables, figura el relativo a la existencia de una relación de causalidad directa entre la violación de este Derecho y el daño sufrido por dichos particulares. No obstante, los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización por daños no pueden ser menos favorables que los aplicables a reclamaciones semejantes de naturaleza interna.

Por consiguiente, cuando, de conformidad con el Derecho nacional de un Estado miembro, una relación de causalidad indirecta entre la infracción cometida por las autoridades nacionales y el daño sufrido por un particular se considera suficiente a efectos de generar la responsabilidad del Estado, esa relación de causalidad indirecta entre una vulneración del Derecho de la Unión, imputable a dicho Estado miembro, y el daño sufrido por un particular también debe considerarse suficiente para generar la responsabilidad del Estado miembro por esa vulneración del Derecho de la Unión.

Condena a prisión a los padres de una bebé desnutrida por seguir una dieta vegana

El caso tuvo lugar en Australia y los progenitores de la bebé de 19 meses fueron condenados a 18 meses de prisión y 300 horas de servicio comunitario, por haber alimentado desde el nacimiento a su hija con una dieta vegana, por la que estaba totalmente desnutrida y sufría retrasos respecto a otros bebés de su mismo tiempo. 


Una pareja australiana han sido condenados a 18 meses de prisión y 300 horas de servicios comunitarios a cada uno por su comportamiento negligente en cuidado de su bebé. Los padres había alimentado a su hija siguiendo una dieta vegana consistente principalmente en avena, arroz, tofu, leche de arroz y patatas, entre otros alimentos calificados de veganos, por lo que no ingería nada de origen animal.

Esto le produjo una desnutrición severa por la que, con 19 meses aparentaba ser un bebé de 3 meses, no tenía dientes, no hablaba, no podía darse la vuelta sola y tampoco había sido vacunada nunca.

La niña fuera hospitalizada en el año 2018 por sufrir convulsiones y tras la llamada a emergencias de su madre. En ese momento, los servicios de emergencias constataron que la bebé no llegaba a los 5 kilos de peso y nunca había ido al médico tras su nacimiento. Presentaba los labios azules, manos y pies fríos y bajos niveles de azúcar en sangre.

Tras ello, a los padres se les quitó la custodia de la menor así como la custodia de sus otros dos hijos que también presentaban retrasos respecto a su edad, debido también a ser alimentados de forma imprudente por sus padres.

Tras celebrarse el juicio en agosto de este año, los padres han sido condenados a penas de prisión que les han sido conmutadas por la libertad vigilada, por lo que no tendrán que ir a prisión. Sí, deberán acudir a cursos de crianza y la madre, por su parte, ha sido tratada de su depresión que le hizo obsesionarse con las dietas veganas.

FUENTE: https://www.iberley.es/noticias/condena-prision-padres-bebe-desnutrida-seguir-dieta-vegana-29758

Apoderamiento Apud Acta: qué es y tramitación

En un procedimiento judicial existen diferentes herramientas y mecanismos que se emplean habitualmente para facilitar, agilizar y mejorar los procesos de ámbito judicial.

Hoy en nuestra web vamos a ver en profundidad cómo funciona el apoderamiento apud acta, que es básicamente una forma de delegar nuestra representación a un letrado conocido como procurador.

Trámite de apoderamiento apud acta

El apoderamiento apud acta es una herramienta jurídica, que nos permite delegar la representación de una persona o entidad, en un proceso judicial a un letrado procurador.

Este apoderamiento se realiza a través de un documento llamado acta de otorgamiento. Este papel tiene el “poder” de otorgar la representación para un único propósito. Una vez el proceso finaliza, el acta de apoderamiento deja de tener validez.

¿Es necesario un procurador en todos los juicios? NO, en los juicios verbales donde las cuantías sean inferiores a 2000 euros y en los juicios monitorios, no es necesario acudir con un procurador, y por lo tanto tampoco es necesario presentar un acta de apoderamiento. De forma general se hace uso de los servicios de los procuradores en los procesos judiciales, salvo cuando se trate de alguna de las dos excepciones nombradas anteriormente, tipificadas en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que define la intervención del procurador.

¿Hay que pagar por realizar este trámite? NO, el apoderamiento apud acta es totalmente gratuito.

En un pleito jurídico, el poder que la parte encausada otorga mediante el documento apud acta al procurador, deberá ser conferido de manera personal, y la persona interesada deberá firmarlo. En caso contrario, necesitará un documento notarial para autorizar a un tercero, o un documento electrónico expedido por la Administración pública.

Apud acta significado y definición

Ya sabemos para qué sirve el apoderamiento Apud acta, ahora veamos cuál es el significado de este término en latín: apud acta es una locución latina cuyo significado es “en el mismo expediente”. Este único expediente sirve para que el representante actúe en nuestro nombre durante el proceso, de ahí la definición.

Función del procurador en un proceso judicial

La principal tarea de la que se encarga un procurador al que se le concede el apoderamiento apud acta, dentro del marco de un proceso judicial o litigio, es la de representar a una de las partes ante los Juzgados y Tribunales.

Poseen la capacidad, formación y la permisividad para anteponer los intereses de la parte para la cual trabaja, así como contribuir al desarrollo del proceso en sí mismo. ¿En qué se diferencia un procurador de un abogado? A diferencia del abogado, y aunque los dos son profesionales letrados del derecho, el procurador se encarga de representar a la parte durante el procedimiento pero no de defenderla, tarea que sí hace el abogado.

El procurador también se encarga de las notificaciones y la documentación, mientras que el abogado se centra en todo lo referente a la defensa, tanto de su preparación como del juicio.

Cómo hacer el trámite Apoderamiento Apud acta

Actualmente existen 2 formas para solicitarlo:

1. En la Sede Judicial Electrónica. La Administración estatal ha abierto un sistema electrónico para facilitar y agilizar el trámite a los ciudadanos.

Para acceder a este servicio y hacer una petición del apud acta online es necesario disponer de un DNI electrónico, un certificado digital o cl@ve, el mismo que se utiliza para realizar otros trámites administrativos de otras entidades públicas como por ejemplo para obtener el Certificado de delitos penales, para acceder a la Seguridad Social o para realizar trámites en la Hacienda tributaria.

Es muy importante destacar que este documento de representación apud acta telemático tiene la misma validez que un documento emitido y firmado en papel.

2. Acudiendo personalmente ante el secretario judicial. Sin necesidad de que acuda el procurador al otorgamiento, y además debe tramitarse el mismo día que vaya a actuar el procurador.

En el caso de que se quiera realizar el trámite con antelación, como consejo recomendamos acudir al decanato de los juzgados. Ya que si vas a las Administración de Justicia no podrás tramitarlo con antelación. De esta manera puedes permitir y adjudicar derechos de representación legal a un representante, ya sea procurador o abogado, en un pleito judicial.

Fuente: https://dudaslegislativas.com/apoderamiento-apud-acta/

Las costas procesales y el control de oficio de las minutas profesionales

Álvaro Perea González

Letrado de la Administración de Justicia

ÍNDICE

I. Concepto de costa procesal y el problema del «aspecto cualitativo».

II. Los honorarios profesionales y su adecuación a su normativa sectorial.

III. El objeto de la tasación.

IV. ¿Control de oficio o condicionado a la impugnación?: el problema del «aspecto cualitativo».

V. El control de oficio como una necesidad para la salvaguarda del acceso a la jurisdicción.

VI. Conclusión y de lege ferenda: reforzar el control para fortalecer la seguridad jurídica

Resumen: En cuanto consecuencia jurídica del resultado del litigio, en aquellos casos en que existe una obligación a su pago, las costas procesales se convierten en un punto determinante del procedimiento en el que, efectuada su tasación por el Letrado de la Administración de Justicia, las partes podrán formalizar impugnaciones en aras a garantizar la corrección de la anterior; sin embargo, y tomando en consideración la doctrina jurisprudencial más que consolidada por la Sala I de nuestro Tribunal Supremo surge la pregunta de si, en el trámite de la misma tasación, puede el Letrado de la Administración de Justicia, desde su condición de autoridad responsable, controlar de oficio, no sólo las partidas incluibles, como ya se ordena en la Ley, sino específicamente la cuantía total repercutible por los conceptos de honorarios profesionales de abogados, peritos y otros intervinientes no sujetos a arancel.

Introducción

La condena en costas puede definirse como el pronunciamiento del órgano jurisdiccional en virtud del cual se imponen, con base en el criterio legal aplicable, el pago de las costas procesales generadas en el procedimiento a una de las partes actuantes en el mismo. Para que ese pago pueda llegar a producirse resultará indispensable que se produzca previamente la tasación de las costas, es decir, de aquellos gastos derivados del proceso que tienen encaje, por estar delimitados en el ámbito del artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como «costa procesal» y que como derivación de ello son repercutibles a la parte obligada. Desde un punto de vista estrictamente teórico la cuestión puede parecer sencilla, una suerte de cómputo total de partidas y derechos, sin embargo, en la práctica, la tasación vendrá condicionada no sólo por datos tales como la cuantía del litigio o el número de profesionales que intervienen, sino por una serie de circunstancias afectantes al procedimiento que exigirán un estudio pormenorizado del mismo y una ponderación equilibrada de las meritadas circunstancias. Así, situados en la obligación de análisis y valoración que tanto la Ley como la jurisprudencia atribuyen a la figura del Letrado de la Administración de Justicia, nace el interrogante de si, con relación a los honorarios profesionales, debe limitarse éste a su inclusión con un carácter acrítico y circunscribiendo únicamente su función fiscalizadora al límite que dispone el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento[1], o si por el contrario, debe ostentar una capacidad total de control sobre las minutas presentadas de tal manera que la tasación, en lo que atañe a este cálculo de honorarios repercutibles, se convierta en una estimación del desempeño profesional desplegado. 

I. Concepto de costa procesal y el problema del «aspecto cualitativo».

A diferencia del gasto, es decir, de aquel desembolso que tiene su origen directo e inmediato en el litigio, la «costa procesal» se encuentra acotada legalmente por el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por tanto, supone una limitación al más amplio e indefinido concepto de gasto; esta precisión jurídico-conceptual no es ociosa dado que el examen preliminar que deberá efectuarse en el espacio de la tasación es el que corresponde a la naturaleza del concepto cuya repercusión se pretende. Así pues, no existe óbice alguno en considerar que, en ese primer análisis, la consideración de la actuación del profesional -perito, abogado…- puede incluso ser excluida en el que caso de la que misma no resulte preceptiva -como ocurrirá en los supuestos del artículo 31.2 de la Ley Procesal[2]– o no haya sido objeto de incorporación real al proceso y, por tanto, no pueda calificarse como procesal por falta, insistimos, de incorporación neta al procedimiento (por ejemplo: inadmisión de dictamen pericial).

La conceptualización de la costa procesal sirve de primer paso en la misión tasadora y tendrá una influencia decisiva en el resultado de ésta; ahora bien, la problemática que verdaderamente se plantea no radica en la incorporación o no de los conceptos -en lo que nosotros llamaremos el «aspecto cuantitativo» de la tasación-, pues es indiscutible que el Letrado de la Administración de Justicia, y el Juez o Tribunal en su función revisora, podrán ejercer ese control de inclusión/exclusión por virtud de la literalidad del artículo 242 y otros concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,  sino en el «aspecto cualitativo», o lo que es lo mismo, el componente de la tasación que viene dado por la correspondencia entre la cifra incluible y el concepto raíz que justifica la misma.

II. Los honorarios profesionales y su adecuación a su normativa sectorial.

El artículo 242.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece claramente que “los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional”. Como parece evidente, a través de esta norma, y con un propósito de seguridad jurídico-económica, el legislador establece la obligatoriedad para los profesionales no arancelarios de ajustar sus honorarios a su normativa profesional estatutaria, buscando con ello que a través de la observancia de la regulación sectorial -criterios orientadores incluidos- las minutas presentadas antes los órganos jurisdiccionales para su tasación participen, al menos mínimamente, de unos predicados de previsibilidad y adecuación. Esta interpretación se colige si además, y para el caso de los abogados, tenemos en consideración que el artículo 44.1 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, dispone que “los baremos orientadores, aplicados conforme a las reglas, usos y costumbres del mismo, se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria”.

Así las cosas, podemos admitir que en su relación con las costas procesales, los honorarios profesionales han de adecuarse al ordenamiento sectorial que les sea propio (abogados, peritos económicos, peritos informáticos…), y que dicha adecuación no sólo tendrá por función garantizar un grado mínimo de certeza sobre la cuantificación absoluta de la costa por su concepto, sino también ofrecer una definición de lo repercutible con arreglo a determinadas circunstancias que, de ordinario, habrán sido tenidas en cuenta en la confección de los baremos orientativos, sin que este hecho implique, como a veces se ha pretendido por algún sector, que dichos baremos tengan -o deban llegar a tener- un valor de carácter vinculante para los Juzgados y Tribunales pues, como reiteradamente ha subrayado la jurisprudencia[3], el valor de los mismos es de carácter puramente orientador.

III. El objeto de la tasación.

La Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo ha establecido a lo largo de la última década un sólido cuerpo jurisprudencial en lo que refiere al objeto de la tasación de costas. Así, en atención a la misma[4], podemos señalar que ésta  no busca predeterminar, fijar o decidir cuáles han de ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena sino fijar la carga que debe soportar el condenado en costas, por lo que la minuta ha de ser una medida ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, calculada no sólo con arreglo a la cuantía del pleito o los criterios orientadores colegiales, ya que ni aquella ni éstos son vinculantes, sino en atención a un conjunto de factores o circunstancias concurrentes tales como el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en la que nos encontramos, los motivos del recurso, la extensión y el desarrollo del escrito de impugnación del mismo, o la intervención de otros profesionales.

Esta jurisprudencia, como han indicado los propios Tribunales[5], ha significado un replanteamiento de la función tasadora histórica de tal manera que la mera incorporación aséptica de los gastos procesales legamente repercutibles en la tasación se convierte, ahora, en una misión de ponderación circunstancial y total del litigo que exige, de la autoridad responsable, el Letrado de la Administración de Justicia, el estudio detallado, exhaustivo, riguroso, y pormenorizado de todos los aspectos relativos al pleito; y ello al fin de que, la minuta profesional a incorporar en la tasación, no sólo resulte ajustada -se entiende que siempre habrá de estarlo- al baremo técnico de aplicación, sino y sobre todo a ese conjunto circunstancial que determina el Tribunal Supremo como herramienta de contraste ponderativo. Siendo imprescindible señalar, con relación a este instrumento de contraste que, como ha indicado la doctrina más autorizada[6], el mismo vendrá también constituido por la minuta detallada que, de conformidad con el artículo 242.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá de presentarse por los profesionales intervinientes en el litigio, pues sólo a través de ésta pueden los mismos justificar las cuantías en que se traduce económicamente su desempeño profesional.

IV. ¿Control de oficio o condicionado a la impugnación?: el problema del «aspecto cualitativo».

El artículo 243.1 de la Ley Procesal Civil nos indica que “en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, o, en su caso, por el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución” pero nada nos dice, ni éste ni ningún otro precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil u otras normas adjetivas, sobre la posibilidad -si la tiene- del Letrado de la Administración de Justicia de fiscalizar de oficio lo que nosotros hemos convenido en llamar el «aspecto cualitativo» de la tasación  de costas y que, como indicamos en párrafos anteriores, consistiría en la facultad de esta autoridad para controlar los eventuales excesos o desproporciones en que incurran las minutas de los profesionales no sujetos a arancel presentadas para su incorporación como costa procesal.

Como argumentos a favor de este control encontramos, al menos, tres destacables:

Primero.-  La semántica del término “tasación” y su verbo “tasar”.

Efectivamente, una “tasación”, según la Real Academia Española, es la “acción y efecto de tasar”, siendo esto -“tasar” (del latín “tax?re”)– según sus dos primeras acepciones:

1) Fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía.

2) Graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo.

Interpretando el léxico jurídico usado -creemos que a propósito- por el legislador procesal español, resulta razonable pensar que la función tasadora no es una competencia de simple automatismo, sino al contrario, una facultad en sentido propio que, encomienda a su responsable, el cometido de valorar algo desde otro algo (el instrumento de contraste). Si por el contrario, el legislador hubiese querido circunscribir la función respecto de las costas procesales a una mera “legalización” de las mismas hubiesen servido con más tino otros verbos que, ese mismo legislador conoce y emplea en otros institutos del proceso civil, tal como puede verse en la liquidación de intereses cuando en su artículo 714.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil utiliza el verbo aprobar: “aprobará”, o en sede de ejecución forzosa cuando utiliza el verbo “autorizar”[7] respecto del despacho ejecutivo.

Segundo.- La regulación legal de la tasación de costas.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil configura la tasación de costas como el resultado de un conjunto de operaciones jurídico-contables en el que resultará determinante la cuantía del procedimiento (sirva de ejemplo la regla del artículo 394.3 de la Ley Procesal) pero también la valoración de las actuaciones desarrolladas, pues, como nos indica la propia Ley en su artículo 243.2 “no se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.”

Estas operaciones jurídicas o de “contabilidad jurídica” suponen reconocer que la tasación exige con carácter preliminar de un ejercicio analítico sobre los actos y acontecimientos procesales acecidos en el procedimiento. No basta, ni sirve, una mera “autorización de gastos”, un simple reconocimiento de “créditos de origen procesal”; se trata de examinar, valorar y ponderar, cuantitativamente, pero también cualitativamente, determinando lo que es útil y lo que no, lo que era imprescindible y lo que no, y en suma, lo que merece ser “costa” y lo que solamente alcanza el concepto de gasto procesal no repercutible.

Tercero.- La naturaleza pública de la costa procesal

Las costas procesales, siendo una consecuencia formal del procedimiento civil, participan como todo éste, en el carácter o naturaleza de norma de orden público; y este dato es absolutamente definitivo para concluir que la tasación es fiscalización de oficio, no condicionada a la impugnación que eventualmente pueda producirse por las partes al amparo del artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues las normas que vertebran su regulación no tienen carácter disponible y, en consecuencia, la jurisprudencia que las interpreta ha de observarse con carácter imperativo aún cuando, como señalamos, nos encontremos en la fase tasadora y todavía no se haya producido la impugnación que prevé el legislador.

En este sentido, si bien quizá el pronunciamiento reciente más claro sea la conocida Sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (Magistrado Ponente: Su Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres), que determinó que los criterios de atribución de la costa procesal son normas de orden público, no por ello puede obviarse, con un carácter principal, que la propia Ley Procesal proclama en su artículo primero el principio de legalidad, conforme al cual los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a la referenciada Ley y, por ello, con sujeción a la interpretación de la misma efectuada por quienes resultan competentes para ello: Juzgados y Tribunales.

En contra de lo que hasta aquí hemos argumentado podrán aducirse dos motivos razonables:

Primero.- ¿Dónde queda la seguridad jurídica?

Elevada a principio constitucional (artículo 9.3 Constitución Española), la seguridad jurídica debe ser un componente fundamental de cualquier ordenamiento normativo y, lo que resulta más importante, de la aplicación del mismo por los operadores jurídicos. Siendo así, la cuantificación de la costa procesal civil, en el margen actual de la materia, encierra una difícil derivada: respetar la seguridad jurídica al mismo tiempo que se garantiza una ponderación singularizada de las circunstancias concurrentes en cada litigio a efectos de la función tasadora. No es fácil. Toda valoración particular implica, casi siempre, un distanciamiento respecto de los patrones generales observables, y éste, puede en ocasiones, de forma no grata para los afectados, asociarse a la siempre censurable arbitrariedad que la misma Constitución proscribe.

Segundo.- Supresión de la justicia rogada.

El artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que “los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”. Este principio, conocido como “de justicia rogada”, es la regla general que impera en el procedimiento civil y, dentro de éste, la pieza de tasación de costas no pierde su condición de precisamente eso: ser un procedimiento civil. Y si es tal, y con independencia del carácter público que pueda tener la normativización de la costa procesal en la Ley de Enjuiciamiento, quién es Letrado de la Administración de Justicia para efectuar un juicio de ponderación sobre la cuantificación de unos honorarios que en esa fase inicial nadie ha cuestionado y, por tanto, con relación a los cuales no existe una pretensión reductora aducida en forma.

V. El control de oficio como una necesidad para la salvaguarda del acceso a la jurisdicción.

En el epígrafe inmediatamente anterior hemos pretendido sentar unas bases necesarias que permitan, al menos, una reflexión sobre el problema que suscita el control de oficio de las minutas presentadas por los profesionales para su incorporación a la tasación de las costas procesales. Entendemos que no es una cuestión pacífica y que existen argumentos razonables para orientarse por una u otra opinión; sin embargo, a nuestro juicio, y con el mayor de los respetos a quienes sostienen otro criterio, el control de oficio que efectúa -o debe efectuar- el Letrado de la Administración de Justicia responde a una necesidad consustancial a todo procedimiento: la proporcionalidad de su coste.

En el marco del proceso, es a las partes a quienes corresponde delimitar cuáles son sus pretensiones y cuáles han de ser las mejores estrategias para alcanzarlas pero, también en ese mismo marco, es al Letrado de la Administración y también al Juez o Tribunal, a quien la Ley encomienda la misión de salvaguardar que los derechos legítimos de los intervinientes resulten garantizados correctamente y sin menoscabo; y, muy difícilmente, podría ofrecerse esta protección para el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 Constitución  Española), en su modalidad de derecho de acceso a la jurisdicción[8], si a través de la adopción de un criterio excesivamente formalista y neutro se acogiesen, sin examen ni control, minutas capaces de convertir las costas procesales en una consecuencia excesivamente gravosa para el condenado a ellas y, en un espacio más general, en un claro desincentivo al recurso a los Juzgados y Tribunales, con los efectos rechazables que ello tendría para aquellos que disponen de menos recursos económicos, bastando a tal efecto recordar la conocida jurisprudencia fijada por nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia de 20 de octubre de 1987 (Magistrado ponente: Su Excmo. Sr. D. Luis Díez –Picazo y Ponce de León).

VI. Conclusión y de lege ferenda: reforzar el control para fortalecer la seguridad jurídica.

Aunque la fiscalización de las minutas profesionales por el Letrado de la Administración de Justicia en el momento de practicar la tasación de las costas del litigio pueda deducirse de la jurisprudencia de la Sala I de nuestro Tribunal Supremo y restantes órganos judiciales[9], esta facultad, lex lata, puede ser cuestionada, como vimos con anterioridad, con argumentos razonables y apoyados sobre unas bases tan esenciales como son el principio de seguridad jurídica y, con él, la necesaria previsibilidad que debe reclamarse del actuar jurisdiccional. La regulación actual de la Ley de Enjuiciamiento Civil -perseveramos en esta idea- no es clara respecto de si la función ponderativa que la jurisprudencia atribuye al tasador de la costa debe operar, inmediatamente y de oficio en el propio acto de tasación o si, de forma subsidiaria, es una facultad de ajuste que exige una impugnación por la parte perjudicada conforme a las reglas delimitadas en el artículo 245 de la Ley Procesal. En cualquier caso, lo que se constata de una forma patente es que, tanto en uno como en otro caso, el examen del «aspecto cualitativo» de la tasación no debe quedar abierto a un margen de discrecionalidad -por más que sea una ésta sea asiente sobre unos criterios extraíbles de la litis- tan amplia que impida conocer cuál será el resultado probable que conlleve una eventual corrección sobre la minuta. Asegurar, con certeza legal, el control de proporcionalidad de las minutas de abogados, peritos, y restantes profesionales no sujetos a retribución arancelaria, es un imperativo que debiera asumirse a corto o medio plazo por el legislador procesal español, pero incluso antes que esa tarea, urge asegurar un mínimo grado de seguridad jurídica en las valoraciones que se realicen conforme a la jurisprudencia aplicable. Cómo deben apreciarse los distintos criterios, cuál debe ser su valor cuantitativo, qué sistemas de modulación resultan más idóneos (por ejemplo: de porcentaje sobre minuta o de modificación a tipo) o cómo pueden evitarse respuestas jurídico-contables dispares ante situaciones procesales idénticas, son algunos de los interrogantes que los operadores jurídicos debemos resolver a corto plazo, pues sólo de ese modo el control de oficio que aquí defendemos podrá ser un control ajustado a Derecho y alejado del más censurable atributo que a la aplicación de la Ley puede atribuirse: la (temible) arbitrariedad.  


[1] Artículo 394.3 Ley de Enjuiciamiento Civil: “Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas. Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.”

[2] Artículo 31 Ley de Enjuiciamiento Civil: 1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. 2. Exceptuándose solamente: 1.º Los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, y la petición inicial de los procedimientos monitorios conforme a lo previsto en esta Ley. 2.º Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.

[3] Por todos, véase: Auto de la Sala I del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2018. Magistrado Ponente: Su Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruíz.

[4] Por todos, véase: Auto de la Sala I del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018. Magistrado Ponente: Su Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

[5] Por todos, véase: Auto de la Sala I del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2018. Magistrado Ponente: Su Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

[6] “La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo (Empezando a caminar)”. Martínez García, Cremades López de Teruel, Romero Pérez, y Castillo Martínez, Diario La Ley, Nº 8100, Sección Doctrina, 7 de Junio de 2013. Editorial: Wolters Kluwer.

[7] Véase a tal efecto el artículo 545.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación.”

[8] Por todas, véase: Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 7 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Su Excmo. Sr. D. Rafael de Mendizábal Allende.

[9] Reconociendo expresamente esta función, por todos, véase: Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Villarrobledo (Albacete) de 8 de junio de 2018. Juez Ponente: S. Sª D. Álvaro. E. Vacas Chalfoun.

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13685-las-costas-procesales-y-el-control-de-oficio-de-las-minutas-profesionales/

El Supremo destaca la importancia de implantar planes de compliance para prevenir delitos dentro de las empresas

El Tribunal Supremo en su sentencia de 28 junio 2018, Rec. 2036/2017, incide en la necesidad de establecer mecanismos de este tipo para evitar casos como el que se plantea en esta sentencia en la que se condena a 4 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal al exadministrador de la empresa Carbuastur por apoderase, sin el consentimiento de su socio italiano, de dinero en efectivo de la caja y realizar transferencias a su cuenta personal sin justificar su destino, además de otras irregularidades en la gestión, que ocasionaron un perjuicio de 2 millones de euros a esta empresa, que se dedicaba a la importación de carbón de Ucrania.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que “una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abuso de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

La Sala recuerda que ha sido pieza esencial en la reestructuración del buen gobierno corporativo de las sociedades que se implanten e implementen protocolos de buena gestión de los administradores de las sociedades mercantiles, a fin de que sus gestores actúen con arreglo a unos parámetros que ya se fijaron en el año 1997 en el conocido «Código Olivenza». Añade que junto con este Código Olivenza fue capital para el buen gobierno de la administración en las empresas la introducción de los programas de compliance en las mismas que evitarían casos como el que aquí ha ocurrido, ya que el control interno en las empresas evita la delincuencia cometida por directivos, y empleados mediante la técnica anglosajona del compliance program como conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

“De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado, y no habría que esperar a que en este caso hubiera tenido que intervenir la agencia tributaria para, detectando el fraude fiscal que existía con el carbón importado, acabaran por descubrirse las apropiaciones realizadas por el recurrente”, subraya la Sala.

De ahí, afirman los magistrados, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo, no solo para evitar la derivación de la responsabilidad penal a la empresa en los casos de delitos cometidos por directivos y empleados, que serían los casos de ilícitos penales ad extra, que son aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son perjudicados por delitos tales como estafas, alzamientos de bienes, etc, sino, también, y en lo que afecta al supuesto ahora analizado, para evitar la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, es decir, ad intra.

Estos últimos, indica la Sala, aunque no derivan la responsabilidad penal a la empresa por no estar reconocido como tales en sus preceptos esta derivación y ser ad intra, “sí que permiten obstaculizar la comisión de delitos como los aquí cometidos por los administradores que no dan rendición pautada de cuentas a sus socios o administradores solidarios y que cometen irregularidades, que en algunos casos, como los aquí ocurridos, son constitutivos de ilícitos penales”.

La sentencia destaca que estas actuaciones de ilícitos penales como los aquí cometidos incluso pueden dar lugar la existencia de responsabilidad civil, que en el caso de que se tratara de hechos ad extra o cometidos frente a terceros, y no frente al patrimonio de la sociedad, haría nacer una responsabilidad civil con cargo a la empresa por la vía del art. 120.4° CP (LA LEY 3996/1995), que podría estar cubierta por las pólizas de seguro de responsabilidad civil que suelen contratarse para cubrir estas eventualidades; pólizas que, al mismo tiempo, podrían exigir la constitución de los programas de cumplimiento normativo para aminorar o reducir el riesgo de la aparición de ese deber de indemnizar la aseguradora como consecuencia del aseguramiento de la responsabilidad civil.

La Sala concluye que es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control que en el caso aquí analizado no había, y que es lo que propició los actos de apropiación y de administración desleal declarados probados. Con estos programas de compliance, apunta el Tribunal Supremo, podrían evitarse estos delitos ad intra en el seno de las empresas para evitar una delincuencia societaria con grave perjuicio interno.

El tribunal estima de forma parcial el recurso del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que le impuso una pena de 5 años y 9 meses de prisión por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal, así como el pago de una indemnización de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios causados a la empresa. La Sala le impone una pena de 4 años de prisión al apreciar continuidad delictiva de ambos delitos y mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

FUENTE: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13128-el-supremo-destaca-la-importancia-de-implantar-planes-de-compliance-para-prevenir-delitos-dentro-de-las-empresas/

Separación y divorcio: la custodia compartida

La custodia compartida es una situación jurídica derivada de los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio, que se encuentra recogida en el artículo 92 del Código Civil, tras la reforma efectuada por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

La custodia compartida conlleva que ambos progenitores ejerzan la custodia de sus hijos menores, en las mismas condiciones. Se regula concretamente en el artículo 92.5, 6 y 7 del Código Civil, quedando redactado de la siguiente manera,

Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.” (art. 92.5)

“(…) antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.” (art. 92.6)

Sin embargo, existen ciertos motivos que conllevan la denegación de la custodia compartida, recogidos en el apartado séptimo de este artículo, que se dan cuando “cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.

Asimismo, el artículo 92.8 del Código Civil recoge una excepción, pues se podrá decretar la custodia compartida, aún cuando no se de el acuerdo requerido entre los progenitores,  “Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

Resumiendo, la custodia compartida se podrá decretar cuando lo soliciten ambos progenitores, tanto en el convenio regulador como en la tramitación del procedimiento; o a instancia de uno de los progenitores. Para ello el órgano judicial deberá fundamentar su decisión salvaguardando el interés superior del menor, tras recabar el informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio.

A pesar de haberse realizado esta reforma en el año 2005, la tendencia era que el ejercicio de la custodia se realizase por uno de lo progenitores, con el cual convivirían los menores, ostentando ambos la patria potestad de los mismos. En defecto de la regulación de criterios para la adopción de esta medida, han sido los tribunales lo que han ido configurando las pautas a seguir en los casos donde existe una solicitud de la custodia compartida, tanto por parte de ambos progenitores como por parte de uno de ellos.

El primer caso es la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/2012, de 17 de febrero, donde se realiza un cambio sustancial en la doctrina. Esta sentencia, declara inconstitucional la necesidad del informe favorable del Ministerio Fiscal, siendo desde entonces sólo necesaria la emisión de dicho informe, sin que éste sea perceptivo.

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo, 257/2013, de 29 de abril, sienta doctrina y recoge los requisitos necesarios, que debe tener en cuenta el órgano judicial, para llevar a cabo esta medida, además de considerarla como la normal y deseable y no como una medida excepcional. En este sentido, “exige casar la sentencia (…) y sentar como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.

Desde entonces se han dictado diferentes sentencias donde se concede la custodia compartida a ambos progenitores (STS 95/2018, de 20 de febrero; STS 182/2018, de 4 de abril) y muchas otras que, sin entrar a cuestionar la bondad del sistema de custodia compartida, tras la constante y uniforme doctrina, consideran que no es la medida adecuada en relación con el interés superior del menor, que es lo que prima es estos casos (STS 4/2018, de 10 de enero; STS 194/2018, de 6 de abril)

Por lo tanto, no se puede afirmar categóricamente que la nueva tendencia judicial sea la adopción de la custodia compartida pues lo principal es salvaguardar el interés superior del menor, por lo que se debe examinar cada caso minuciosamente. No obstante,  lo que sí se puede afirma es que la jurisprudencia considera que la custodia compartida es la medida “normal y deseable”, y no una medida excepcional, por tanto siempre que se respete el principio de protección del interés superior del menor será la medida más idónea.

Si usted desea obtener la custodia compartida de sus hijos menores, no dude en ponerse en contacto con nosotros, Abogados Portaley puede asesorarle, estudiaremos su caso minuciosamente y buscaremos la mejor solución a sus problemas.

Autora: Raquel Trasancos Dovale

FUENTE:
http://juiciocivil.com/derecho-de-familia/separacion-y-divorcio-la-custodia-compartida/

Detectives y Justicia, ¿pareja de hecho? 

La Justicia de la España del siglo XXI mira de reojo a los profesionales que llevan su verdad y pericia a estrados contratados por algún litigante. En juzgados, no nos engañemos, son dogma los atestados policiales y dictámenes de forenses o periciales. Tienen presunción de veracidad oficial. Pero a veces hay más dogma que verdad en lo institucional.

La buena fe, se supone, antecede al pleito. Una bombilla entre tinieblas la enciende un personaje estereotipado. Hablamos del detective privado. La vis terrenal del sabueso entraña eficaz herramienta para nuestra Justicia. Es rentable por barato; sus informes (litigation support) ayudan al litigio. 

En 2019 los detectives son casi 5.000 licencias, con 50% de actividad entre hombres y mujeres. La mejor conexión del detective de ficción y el de verdad es como lo definió Germán Areta (Alfredo Landa-El Crack II- J.L.Garci): ‘Trabajo mucho, duermo poco. Y lo que veo no me gusta’.  

El Art. 265.1.5 de Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) les considera ‘testigos cualificados’. En su Art. 214.1 permite al cliente del detective incluirlo en costas, si logra condena. Sale gratis al que gana.    

El Tribunal Supremo (TS) reitera jurisprudencia sobre detectives como ‘testigos privilegiados’, les obliga a decir verdad de lo grabado, fotografiado, visto o copiado respetando intimidades. Las normas de protección de datos personales europeas (Reglamento UE 16/679) y españolas (LOPD 15/99) estrechan el campo al investigador.

Pero, paradójicamente, es un filón para detectives las intimidades públicas en ‘redes sociales’, mensajerías telefónicas abiertas e internet. La fiabilidad de muchas de esas fuentes (OSINT) es contrastada a priori. Por ello es una inversión contratar a un detective. 

Las principales quejas del detective independiente de igualas, resultados predeterminados o ‘a la carta’ son los intrusos y competencia desleal de colegas que tiran precios o defraudan sin agencia. Las reivindicaciones son investigar delitos si la Justicia lo admite, lo requiere la víctima o acusado/s sin caer, ni de lejos, en policías paralelas. También, instaurar el ‘detective de oficio’. Así, la ciudadanía aporta pruebas ante la injusticia o el pisoteo de sus derechos. 

La Justicia sevillana (Juzgado nº 7 Familia) creyó al 100% un informe de detective condenando a costas, algo insólito, a un padre que pretendía reducir al mínimo pensión alimenticia ocultando patrimonio millonario que destapó el investigador. La factura del detective se incluyó en costas.

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/paga-detective_0_896910496.html  

La pareja virtual Detective-Justicia debe tener más cercanía. Ya consta el respeto y sensibilidad de quienes acusan y juzgan. Especialmente, desde que una mayoría femenina (juezas, secretarias -hoy LAJ- y fiscalas) separan verdad y hechos de trucos, charlatanería togada o pruebas ‘teledirigidas’ que se desvían del foco procesal. 

Esa pareja, que creemos de hecho, Justicia-Detective proyecta el talante de neutralidad que este modesto investigador aprecia en la Ley que aplican profesionales rigurosos. Las películas y novelas sitúan al detective perseguido por policías celosos de su campo. Dejemos que sigan en su –también- riguroso trabajo que evita y combate el delito. Cabemos, todos y todas, en la Constitución y en una Justicia más iluminada con ese detective que hace décadas no persigue infidelidades, ni acosa, ni lleva gabardina.  Sólo intenta ayudar a que la Justicia tenga más dónde decidir.              

P.S Para evitar sorpresas, si algún/a lector/a necesita contratar un detective debe pedirle su licencia del Ministerio del Interior, en una agencia física y recibir copia del contrato donde conste objeto, precio y plazo operativo. De lo contrario, estará en manos de algún intruso con sólo palabrería.

FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/opinion/Detectives-Justicia-pareja-hecho_0_1338166795.html

El contrato de alquiler

El debate sobre si es más conveniente comprar o alquilar una vivienda está siempre abierto, sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario, cada vez son más los ciudadanos que se decantan por la opción del alquiler en lugar de la compra a la hora de elegir un hogar. Prueba de ello son las modificaciones que el Gobierno aplicó en junio del año pasado a la Ley de Arrendamientos Urbanos destinadas a la dinamización del mercado del alquiler. Dichos cambios afectan, fundamentalmente, a aspectos como la duración de los contratos, la flexibilidad entre las partes o la subida anual del precio.

El contrato de alquiler: ¿cómo funciona?

El contrato de alquiler debe ser firmado por el propietario y por el inquilino de la vivienda y en él deben constar todas las condiciones del acuerdo para el alquiler. A menudo, el arrendador/propietario delega estas funciones en un administrador de fincas, que se encarga de gestionar el contrato y los cobros. Aunque no exige la presencia de abogados, siempre es bueno contar con asesoría legal para asegurar que el procedimiento cumple con la normativa y no es abusivo para ninguna de las dos partes.

¿Cuáles son los requisitos para poder firmar un contrato de alquiler?

Como es lógico, el arrendador necesita una serie de garantías antes de iniciar una relación contractual con el futuro inquilino. Por eso, es habitual que antes de alquilar un inmueble debamos aportar algunos documentos que certifiquen nuestra solvencia económica y nuestro compromiso serio de cumplir con los pagos:

  • • DNI, pasaporte o NIE.
  • • Copia del contrato de trabajo y últimas nóminas.
  • • Aval bancario o aval personal.
  • • Fianza en metálico, equivalente al alquiler del primer mes.

Por su parte, el propietario está obligado a entregar la Cédula de Habitabilidad correspondiente, que acredita que la vivienda está acondicionada para la residencia de personas.

Para que el contrato sea oficial, tiene que ponerse por escrito y registrarse en la Propiedad Urbana. En todo contrato de alquiler han de figurar los siguientes datos:

  • • Nombre y datos del propietario (arrendador) y del inquilino (arrendatario).
  • • Dirección de la vivienda que se alquila e identificación de la finca.
  • • Duración del contrato acordada previamente por ambas partes.
  • • Renta a pagar.
  • • Las diferentes cláusulas pactadas. Aquí es donde deben aparecer cuestiones relativas al pago de los servicios y gastos derivados, el arreglo de posibles desperfectos, el estado del inmueble en el momento de la entrega con el inventario correspondiente, el modo en que se realizarán los pagos mensuales, etc.

Tras firmar el contrato, el arrendatario ya puede recibir las llaves de la vivienda e instalarse. Cuando la relación contractual finaliza, el arrendatario tiene obligación de devolver el inmueble en el mismo estado en el que lo adquirió y sin deudas pendientes. Si no fuese así, se le descontará el importe necesario de la fianza.

Duración del contrato de alquiler

La duración del contrato de alquiler es una cuestión que se pacta libremente entre las dos partes, propietario e inquilino, por lo que no existe una legislación específica al respecto. Lo que sí está contemplado por la Ley, en cambio, es el llamado plazo de garantía mínima o prórroga obligatoria, que tiene lugar cuando el inquilino solicita alargar la duración inicialmente acordada. Hasta ahora, la Ley fijaba un período mínimo de cinco años, pero recientemente se ha reducido a tres. Esto significa que, una vez cumplido el tiempo de alquiler que consta en el contrato, el inquilino tiene derecho a alargarlo tres años más (antes cinco). Existe, también, la denominada prórroga tácita, que se da cuando ninguna de las partes manifiesta el deseo de poner fin a la relación contractual, con lo que se sobreentiende que esta se alarga por un año más (antes tres).

Siempre que el arrendatario desee cesar el contrato de alquiler (una vez transcurridos los seis primeros meses desde la firma del mismo), debe avisar al arrendador con un mínimo de treinta días de antelación.

La nueva Ley también autoriza al arrendador o propietario para disponer de su vivienda una vez transcurrido el primer año de contrato si así lo requiere y en los supuestos siguientes: vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

FUENTE:
http://juiciocivil.com/contratos/el-contrato-de-alquiler/

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política legal y de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies